Impunidad al alza:
Un cuarto de las causas por homicidio se cerró sin imputado conocido en 2021

A Fernanda Cortés (21) la encontraron semidesnuda, enterrada en medio de un basural en la comuna de Diego de Almagro, Región de Atacama. Era el 18 de abril de 2012. Su familia y amigos estuvieron tres días buscándola desde que desapareció cuando iba rumbo a una discoteca ubicada a cuadras de su casa. Dos años y medio de investigación judicial no bastaron para encontrar a un culpable. El fiscal a cargo, Julio Artigas, decidió no perseverar en su causa y pidió su cierre.

 “Fuimos solos, estaba el fiscal no más y el juez”, recuerda Rosa, la madre de Fernanda. Debió haber asistido un abogado del Centro de Apoyo a Víctimas de Atacama –organismo dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito– que tenía el rol de asesor jurídico. Pero nadie llegó y nunca entregaron una razón. El 25 de noviembre de 2014 su caso fue cerrado. Diez años después de la muerte de Fernanda aún intentan reabrir la causa, pero el delito prescribe definitivamente ahora en diciembre de este año. Después de eso, el homicidio quedará sin culpables.

“Sentí que no teníamos justicia y aun así luchaba, pero me enfrentaba a una muralla. Estoy totalmente defraudada del sistema, ahora no creo mucho en la justicia porque no funciona para uno”, dijo Rosa.

En Chile cada día se cierran más causas de homicidio sin que se formalice a un sospechoso.

Según las cifras recogidas por el Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos (CIP) de la Universidad Diego Portales con base en datos del Ministerio Público, si en 2010 solo el 9,7% de los casos de homicidio cerrados no tenían imputado conocido, en 2021 la cifra aumentó a un 25% de las causas.

Para el juez Carlos Muñoz, presidente del 14° Juzgado de Garantía de Santiago, las cifras son alarmantes: “No puede ser que se cometa un delito de esta naturaleza y finalmente no se logre arribar a algún dato siquiera, de saber quién pudo haberlo cometido”, dijo.

Fiscales y policías aseguran que el esclarecimiento de un homicidio depende –en gran parte– de la detención del sospechoso en las primeras 48 horas de cometido el delito.

El imputado no conocido crece no solo al término del proceso judicial, también al momento en que ingresa una causa en el Ministerio Público. Si en 2010 sólo un 14,7% de las investigaciones abiertas a raíz de un homicidio no tenían un imputado conocido, para el 2021 esa cifra subió drásticamente a un 35,4%, según la información publicada en los boletines de la Fiscalía.

Este aumento en las cifras de imputados desconocidos “incide en las complejidades asociadas al desarrollo de una investigación exitosa”, reconoció Cristián Paredes, director de la Unidad de Delitos Violentos de la Fiscalía Nacional.

¿A qué se debe este aumento? Jueces, peritos y ex policías apuntan a deficiencias en el proceso investigativo que realizan policías y fiscales, además de la falta de formación en criminalística y la sobrecarga laboral de los fiscales. Todo eso sumado a una nueva criminalidad que hace cada vez más difícil identificar a los homicidas.

“No es sólo (el aumento en) la cantidad de homicidios, sino que también la modalidad, como el uso de armas de fuego, y la motivación, que claramente está vinculada a drogas, armas de fuego y también rencillas territoriales”, dijo Jorge Abatte Reyes, jefe de la Brigada de Homicidios Sur de Santiago. Agrega que en un número creciente de casos ya no es posible establecer una relación directa entre víctimas y victimarios.

El homicidio del joven estudiante Sebastián Maturana, que murió el 18 de septiembre de 2021, víctima de una serie de impactos de bala percutados en la oscuridad de la noche, es parte de esas causas sin imputado conocido. A eso de las 21 horas se juntó en las afueras del Gimnasio Municipal de Lo Espejo con una joven de 17 años. Le dispararon desde un grupo de personas, que estaban en una pasarela de Américo Vespucio, que hasta la fecha son desconocidas. Murió en el Hospital Barros Luco.

Cristina Carrasco, madre de Sebastián, dijo que desde el primer día los policías le han insistido con la tesis del ajuste de cuentas. Un funcionario de la PDI la emplazó a “que le dijera en qué andaba metido mi hijo”. Y le pidieron que justificara sus ingresos junto al de su pareja. Se siente estigmatizada “solamente por vivir aquí, ellos meten a todos en el mismo saco”, dijo.

A un año y tres meses del homicidio de Sebastián aún no hay formalizados por el delito.

En la experiencia del fiscal adjunto, Pablo Sabag, jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Occidente, la novedad en los delitos de homicidio es el modus operandi que no deja huella. “Es un poco aventurado decirlo, pero, lo que ha aumentado es el disparo al grupo, el ataque tipo Chicago de los años ‘20, donde pasa un grupo y comienzan disparando desde un auto y cae finalmente una persona, muchas veces inocente”.

La fiscal Paola Apablaza, jefa del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Iquique, hace hincapié en que “los homicidios –de ahora– son un síntoma de que tenemos un problema de operación de una banda u organización criminal. Se debe intentar resolver el homicidio, pero es solo el síntoma, usted tiene que encontrar la manera de realmente desbaratar a la organización”.

TIEMPO EN INVESTIGAR

Una bala disparada directo al pecho de Manuel Rumiano (78) fue la que terminó con su vida, el 20 de mayo de 2019 en la comuna de San Miguel. Estaba atendiendo la botillería de uno de sus hijos, junto a un amigo que siempre lo acompañaba. Un joven entró sigilosamente, tomó un pack de cervezas y exigió el dinero del negocio –aunque no había efectivo en la caja registradora–, disparó y arrancó del lugar. Manuel murió en el Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) de Recreo, en San Miguel.

Esa noche la Policía de Investigaciones llegó hasta la botillería para realizar el peritaje huellográfico, el que no reveló impresiones dactilares. También se perició el proyectil extraído de su cuerpo en el sistema IBIS –que tienen la información de las armas asociadas a delitos–, pero no coincidió con datos anteriores. Al menos dos cámaras registraron al victimario mientras entraba y salía de la botillería y un testigo estuvo dispuesto a declarar. Hasta agruparon su caso con el de un robo con intimidación.

Nada fue suficiente para que su muerte fuera resuelta. El caso fue cerrado el 4 de marzo de 2022. Su familia se enteró cuando la Fiscalía llamó a Ema Baeza, sobrina de Manuel, producto de otro delito posterior al homicidio.

–Nos sentimos súper abandonados y destruidos como familia, nos vamos a morir con esa sensación de rabia –dijo Rossana, hija de Manuel.

FALLAS DE LAS POLICÍAS Y AUSENCIA DE FISCALES

La jueza Isabel Espinoza lleva diez años trabajando en el 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago y ha visto cómo han evolucionado las investigaciones de los delitos de homicidio. Es crítica del rol de las policías: acusa que realizan una “mala investigación, tardía, sin manejo debido de sitios suceso, sin empadronar bien a los testigos”.

Un ejemplo claro de estas falencias, acusa, son los homicidios de personas en situación de calle en la comuna de Santiago. “Es frustrante a la hora del juicio oral, porque tú dices ‘cómo no va a haber pruebas, si hay cámaras en todo Santiago, cómo nadie se va a enterar’. Luego, sabes que las investigaciones en verdad fueron realizadas por los familiares de la víctima. Ellos son los que recaban información y se la llevan a los policías", dijo.

La sobrecarga de los fiscales parece ser una de las principales razones del retraso de los procesos investigativos, al punto de que varias fuentes consultadas para este artículo señalaron que muchas veces son policías, especialmente de la PDI, quienes realmente dirigen las investigaciones.

El número de homicidios al alza en la última década es clave para explicar la carga de algunos fiscales. Estos delitos pasaron de 487 casos en 2010 a 695 en 2021, con un peak de más de 800 en 2020. Si se consideran las cifras del Ministerio Público que toma en cuenta homicidios consumados, frustrados y tentados, estos pasaron de 1.560 víctimas a 2.892 en el mismo periodo, con un peak de 3.330 en 2020 (vea aquí el artículo central de esta serie). Ante este aumento varias fiscalías están definiendo nombrar un persecutor especial para los delitos de homicidio.

Hace unos cinco años, la Fiscalía Metropolitana Occidente delegó la investigación de estos crímenes a la unidad de alta complejidad. En 2020 tuvieron que devolver las causas a las fiscalías locales: “No dimos abasto”, dijo el fiscal Pablo Sabag. Pensaban que tendrían de dos a tres homicidios por semana, pero la regla terminó siendo cinco. Actualmente, llevan sólo los homicidios más complejos, vinculados a otros crímenes como narcotráfico o violencia intrafamiliar.

A pesar de estos cambios, el fiscal Sabag recalca que aún “no hemos sido sobrepasados por los homicidios”.

TESTIGOS INTIMIDADOS

Francisco Javier López Pinto, estudiante de tercero medio de un liceo de San Bernardo, murió víctima de un impacto de bala el 17 de noviembre de 2013. Estaba en una plaza con dos amigos que resultaron heridos. ¿Qué pasó? Nunca se supo con certeza. El 9 de septiembre de 2015, el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo absolvió al acusado porque faltaba una pieza clave en la investigación: los testimonios. Los dos heridos no accedieron a entregar el suyo.

–Yo hablé con ellos, hablé muchas veces. Tenían que presentarse a atestiguar porque ellos quedaron vivos. Ellos podían decir quién fue. Y nunca se presentaron. Me tuvieron engañada prácticamente como un año y algo. Y cuando llega el momento del juicio, no se presentaron. Me dijeron: “¿Cómo vamos a ir, tía, quiere que nos maten?” –relató la madre de Francisco. 

La principal hebra de las investigaciones criminales en Chile son los testigos. El resto de las pruebas pasa a ser secundarias si se tienen declaraciones sobre cómo ocurrieron los hechos. Pero, el miedo y la intimidación hacen que cada vez se colabore menos con una investigación.

Uno de los problemas graves que identifican los fiscales es llegar con los testigos hasta el final del juicio. “Es una pesadilla lograr mantener la prueba que existió durante la investigación para ser presentada al tribunal. Es la peor parte del trabajo de ser fiscal. A pesar de que usemos testigos protegidos, la gente está dispuesta muchas veces a ir presa y detenida, con tal de no tener que declarar en un juicio”, señaló el fiscal Sabag.

Los amedrentamientos están a la orden del día, incluso cuando los imputados están en prisión preventiva. El fiscal Cristián Toledo lleva el caso de un homicidio frustrado en el que la víctima –que había recibido dos disparos en su pierna– fue presionado desde la cárcel por su presunto agresor y su pareja: “Cuando declaró dijo que el día anterior había recibido un mensaje en su teléfono pidiéndole que no se presentara al juicio. Él se presentó igual y declaró”.

ERROR EN LEVANTAMIENTO DE PRUEBAS

“Un mal tratamiento de alguna evidencia nos podría costar que se nos caiga un juicio porque fue contaminada o porque no fue bien levantada”, dice Jorge Abatte Reyes, Jefe de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI. Así de relevante es que las pruebas y muestras sean bien levantadas y procesadas por peritos de la PDI o el OS9, y los forenses del Servicio Médico Legal, quienes controlan la definición de las causas de muerte.

Uno de los problemas más graves es el resguardo de los lugares donde ocurren los crímenes. “Muchas veces los carabineros, con sus ansias de investigar, llegan al sitio del suceso y lo perturban”, recuerda Eduardo Labarca, prefecto de la PDI en retiro, que estuvo 32 años en servicio.

El presidente del Colegio de Peritos Forenses, Rodrigo Marco, dice que entre los errores más comunes –después de contaminar la escena del crimen– está el no saber descargar las pruebas gráficas en formatos de buena calidad. Agrega que los funcionarios a veces tampoco “documentan los desfases desde el DVR –grabadora digital– o el NDR –sistema de monitoreo digital– con el horario oficial”, lo que afecta directamente a la hora de situar sospechosos o hacer las recreaciones de los hechos.

NUEVA CRIMINALIDAD

El 25 de octubre de 2022, alrededor de las 19:00, un grupo ingresó a una casa del sector Pedro de Valdivia, en Temuco. Llevaban armas de fuego y un hacha. El objetivo era robar US$7 mil a extranjeros –cuatro adultos y cuatro niños– que vivían en el lugar. Los niños fueron encerrados en una pieza junto a una mujer residente, custodiados por uno de los agresores. El resto de las víctimas fueron atadas de pies y manos, les quitaron sus celulares y los sentaron en un sillón de la sala. Mientras eran apuntados, uno de los asaltantes hizo una videollamada: “Coco, mira a quién tenemos aquí”, dijo, mientras enfocaba a las víctimas.

Coco estaba al otro lado del país, en Coquimbo. A través de la videollamada empezó a dar instrucciones. Le exigía a una de las víctimas entregar US $7 mil, pero sólo tenía US$2 mil. Ante la negativa, Coco ordenó que les dispararan. Uno de los residentes recibió un impacto en el tórax. Otro fue herido en la cabeza. Ambos murieron. Una tercera víctima logró huir por una ventana.

Lo ocurrido en Temuco, dijo Roberto Garrido, fiscal regional de la zona, “no es una situación habitual, no es una forma de criminalidad que veamos con recurrencia en la Región de la Araucanía”. Hasta hace un par de años tampoco lo era en el resto del país. Pero en octubre pasado, la PDI levantó una alerta por el cambio en las características de los secuestros: pasaron de 14 casos en 2016 a 26 en 2021, según los registros de la policía, con un incremento en los de carácter narco-extorsivos. Esto es un síntoma de la denominada nueva criminalidad, que lleva unos años asentándose en el país, con delitos más sofisticados y alto nivel de fuego. Lo que va asociado al aumento de homicidios.

El fiscal Garrido dijo que tuvieron que tomar medidas extras “en cuanto a la seguridad del equipo investigador, porque se nota un nivel de violencia y de organización que no es frecuente y requiere también aplicar técnicas de investigación que sean más sofisticadas”.

“Yo creo que todo esto del crimen organizado, todo lo que nos está pasando, se nos vino encima como un verdadero tsunami”, dijo Raúl Arancibia, fiscal regional de Tarapacá. Su región se ha convertido en la zona con la tasa más alta de este tipo de crímenes en el país: 13,8 homicidios consumados por cada 100 mil habitantes en 2021, según información entregada por la misma Fiscalía de Tarapacá.

“Esto nos pone exactamente en el mismo rango que Haití y que algunos países tremendamente convulsionados de Centroamérica”, agregó el fiscal Arancibia.

Tarapacá es uno de los ejemplos más claros del alza de los homicidios en el país. La fiscalía regional informó que pasó de registrar 19 homicidios consumados en promedio –desde 2017– a tener un peak de 54 homicidios en 2021.  En sólo un año tuvo un crecimiento de 184%.

La fiscal Paola Apablaza, jefa del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Iquique, dice: “Podemos, eventualmente, estar siendo afectados por la movilidad de organizaciones criminales internacionales que están asentándose en el país y que tienen mayor acceso a armas de fuego. Con 70 pasos no habilitados con Bolivia y existiendo monedas de cambio que permiten o hacen factible que se pueda acceder a ellas, el ingreso ilegal de armas es bastante común para nosotros”.

El problema es que, ante el alza de los delitos, la dotación de fiscales y policías no ha aumentado en Tarapacá. “Empezamos tarde (...) costó mucho que nos escucharan y ya había habido grandes avances de la criminalidad de la región. Va a costar mucho hacerla retroceder”, sentenció el fiscal Arancibia.

En la Región Metropolitana los lugares donde más se concentran los homicidios son la comuna de Santiago y la zona sur. En la última década, Santiago centro pasó del puesto 31 al lugar número 1 entre las comunas con más homicidios, marcada por la operación de bandas criminales (vea reportaje de este especial sobre los homicidios en Santiago).

 En la zona sur –lugar donde se creó hace unos meses una nueva Brigada de Homicidios de la PDI–, esta nueva criminalidad está marcada por el narcotráfico y la disputa de territorios. El fiscal Cristian Toledo, jefe de Delitos Violentos de la Fiscalía Sur, señaló que si bien hay comunas en donde han disminuido los homicidios, como en La Pintana, hay otras como El Bosque en las que se está instalando esta lógica de ser un espacio en constante disputa.

“Dentro de los homicidios que nos toca investigar, efectivamente está presente esta tríada: muerte violenta, drogas y armas. El narcotráfico tiene un tema económico de generar ciertos puntos de venta de droga y cuando hay una organización o una banda que se mete en el territorio se genera una disputa por ese espacio”, explicó Jorge Abatte Reyes, jefe de la nueva brigada.

El fiscal Toledo resaltó el aumento del poder de fuego de las bandas narco y de las dedicadas al robo, en la zona sur de la Región Metropolitana. Recordó un caso en que “dos personas (iban) arriba de un vehículo, se acercó otro que se paró al lado y les dispararon con armas automáticas. El vehículo de los autores después apareció quemado en otra comuna”.

RASTREO DE ARMAS INSUFICIENTE

En Chile no hay elementos para seguir la huella de un arma que no haya estado involucrada en algún delito anterior perseguido por la justicia. Además del Sistema de Identificación Balística (IBIS), que solo considera armas que estuvieron involucradas en algún juicio, no existe un registro automático de todas las arma que ingresan al país ni un banco de pruebas “que lleve el registro de la huella del arma cuando es vendida y hasta el dueño final”, explicó el fiscal Toledo.

El perito criminalístico, Rodrigo Marcos, recordó que desde el Colegio de Criminalistas de Chile (Colcrim) propusieron la creación de un Banco Nacional de Huellas Balísticas. Así, dijo, “cada vez que entre un arma a Chile y vaya a ser comercializada, tiene que pasar por el banco de pruebas”. La idea nunca prosperó, debido a su alto costo.

Actualmente, se discute la posibilidad de modificar la Ley de Armas. El fiscal Toledo espera llegar a “tener una línea de tiempo de la historia del arma para poder también hacer el vínculo con quien puede ser el autor del delito”.

A pesar de esta nueva criminalidad y del aumento constante de la tasa de imputados desconocidos, todos los entrevistados coinciden en que en Chile aún se investigan todos los homicidios, se ordenan pericias y hay un esfuerzo por establecer una verdad judicial. 

“Hay un punto de inflexión que no ha llegado y que cuando llegue, por lo menos en lo personal, voy a sentir que pasamos un límite. Cuando se deje de investigar un homicidio con la policía especializada, con el levantamiento de evidencia, con aislar el sitio del suceso, creo que ahí vamos a pasar un límite”, dijo el fiscal Pablo Sabag.