Estas ganancias provienen del tráfico de drogas.
Para usarlas, el jefe de la banda narco necesita que ese dinero sucio entre al sistema financiero formal aparentando un origen lícito.
Son varias las ventanas que tiene disponibles.
Bancos, casas de cambio y negocios de remesas de dinero.
Empresas de gestión inmobiliaria, corredoras de propiedades y automotoras.
Notarías, conservadores, casas de remate y hasta casinos de juego.
Como en una partida de póker, todo se trata de simular. En el proceso de lavado, puede que utilice un testaferro o palo blanco. Si es más osado construirá un perfil financiero falso para abrir una cuenta corriente, pedir un crédito o incluso cotizar en una AFP.
Para eso va a constituir una o más sociedades de fachada. A través de ellas, podrá pagarse un sueldo y blanquear el dinero confundiéndolo con las utilidades de un negocio formal.
Una farmacia, una verdulería, un hostal, canchas de futbolito e incluso un cementerio. Todos ejemplos reales que surgen de la revisión de cerca de 160 causas judiciales.
Es probable que salga de compras e invierta en activos. En algunos poco convencionales como criptomonedas o caballos. O en bienes raíces y vehículos: Ferrari, McLaren, Porsche y Mercedes Benz, figuran también en esas causas.
Para llegar a este punto, el jefe de la organización criminal logró vulnerar uno o más controles del sistema antilavado.
¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA ANTILAVADO?
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es la encargada de establecer y resguardar esos controles y de impedir que se utilice el sistema financiero para lavar dinero.
Tarea prioritaria de la UAF es generar inteligencia a partir de informes que obligatoriamente deben enviarle bancos, notarías, casinos de juego, casas de cambio, automotoras, corredoras de propiedades, zonas francas e hipódromos, entre muchos otros. Son justamente las ventanas de ingreso de las que se aprovecha el crimen organizado para permear la economía formal.
Esas entidades son los llamados “sujetos obligados”. Son más de 8.400 los que a la fecha están inscritos y provienen de 48 sectores de la actividad económica.
Todos ellos deben reportar periódicamente sobre el uso de dinero en efectivo (ROE) o de operaciones sospechosas (ROS) de sus clientes, además deben contar con un oficial de cumplimiento. Con esa información –y si lo amerita– la UAF puede levantar alertas ante el Ministerio Público o, bien, alimentar investigaciones en curso del organismo persecutor.
La normativa mandata que toda empresa o sociedad de cualquiera de esos 48 sectores económicos esté inscrita en la nómina de sujetos obligados. En colaboración con el Servicio de Impuestos Internos y otros organismos, la UAF puede detectar a las entidades que no lo están y notificarlas sobre su obligación de registro.
Pero el engranaje del sistema a veces falla.
