En julio de 2022 el OS7 de Carabineros allanó 30 domicilios vinculados a la banda Los Macacos, dedicada al narcotráfico en la población Los Quillayes de La Florida. En junio de 2024 cinco integrantes, incluido su líder Carlos Retamales, fueron sentenciados por asociación ilícita para el lavado de activos, estafa y obtención maliciosa de créditos.

En la hebra económica del caso, Los Macacos usaron como armamento al menos 12 sociedades de fachada y una amplia red de testaferros para engañar al Servicio de Impuestos Internos (SII), a cuatro empresas de factoring y a cinco bancos por más de $1.000 millones.

El mecanismo consistía en simular transacciones de bienes y servicios entre la red de sociedades para así representar actividades económicas, compromisos de pagos y aparentar solvencia. Esto les permitió engañar con casi $730 millones a las empresas de factoring y con cerca de $290 millones a los bancos. Los fondos defraudados eran depositados en distintas cuentas a nombre de las sociedades y de los integrantes de la organización.

Retamales y su banda armaron un holding empresarial con el que sus integrantes pudieron comprar varios inmuebles, motos y vehículos, incluido un Land Rover que fue pagado con 8 transferencias de dinero en un mismo día por un total de $50.000.000. Según reportó Mega, Retamales tenía al menos 13 vehículos de alta gama y, en uno de sus domicilios la piscina tenía azulejos con sus iniciales.

Además de las penas particulares para cada integrante de la banda –algunos las están cumpliendo en la cárcel y otros en libertad–, el Fisco se llevó en comiso cuatro vehículos, más de $15.000.000 de una cuenta corriente y cuatro inmuebles. Eso por ahora, ya que la causa, con casi 30 imputados, sigue en trámite.

El CIP.UDP revisó 37 causas entre 2023 y 2024 donde se dictó condena por lavado de activos y sus delitos asociados. En 17 de ellas se utilizaron sociedades en alguna etapa del blanqueo de dinero. En total fueron identificadas 62 estructuras jurídicas, ya sea como empresas de pantalla, papel o fantasma.

“TU EMPRESA EN UN DÍA”

De las 62 sociedades instrumentales utilizadas para lavar activos y que fueron identificadas por el CIP.UDP en condenas recientes por ese delito, 38 fueron creadas a través del Registro de Empresas y Sociedades (RES), mecanismo también conocido como “Tu Empresa en un Día”. Las 24 restantes se constituyeron por la vía tradicional. En este último caso el trámite requiere varios pasos: contratar a un abogado que elabore una escritura pública y que la protocolice ante notario. Luego, esa escritura debe pasar por el Conservador de Bienes Raíces, para finalmente ser publicada –un extracto de ella– en el Diario Oficial. 

Con el Registro de Empresas y Sociedades es todo más expedito y el trámite se puede realizar completamente en línea. El mecanismo está vigente desde mayo de 2013 y simplifica la creación, modificación y disolución de empresas y sociedades. El registro nació con el espíritu de apoyar a los emprendedores y ahorrarles tiempo: en cosa de horas una persona puede crear una sociedad desde su computador y tener un RUT, paso necesario para iniciar actividades ante el Servicio de Impuestos Internos y, por ejemplo, tramitar la apertura de una cuenta corriente.

El RES le ha quitado burocracia al ecosistema del emprendimiento. Pero, a la vez, ha acarreado desafíos inesperados para el sistema antilavado. ¿La razón? Establece requisitos mínimos para constituir una sociedad y, al momento de hacerlo, no cuenta con mecanismos que permitan validar la información que se declara.

“Constituir una sociedad y generar en el papel mucha actividad comercial de distinta naturaleza, es muy fácil. Empresa en un Día es un muy buen sistema desde el punto de vista del fomento a la actividad económica de los emprendedores, pero efectivamente representa un desafío importante para la prevención del combate al lavado activos”, dice el director de la UAF, Carlos Pavez.

El director de la unidad especializada en lavado de activos de la Fiscalía (Ulddeco), Mauricio Fernández, reconoce que los beneficios del mecanismo RES suponen, a la vez, riesgos para el sistema de prevención antilavado. “La Empresa en un Día tiene como objetivo facilitar la actividad comercial, pero las sociedades tienen menos mecanismos de control y, por lo tanto, representan un área de riesgo”. 

EL ATRACTIVO DE LAS SPA

En el caso del holding de Los Macacos, las 12 empresas identificadas por la justicia eran sociedades por acciones (SpA). La elección de esta estructura jurídica no es casual: de las 62 sociedades detectadas por el CIP.UDP en la revisión de las 37 condenas por lavado de activos, el 77% son SpA.

La utilización de este tipo de sociedades para el blanqueo de plata sucia no es nueva, aunque los datos sugieren que ha ido creciendo. Datos obtenidos con base en la información de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) indican que de las 127 estructuras jurídicas detectadas en 146 causas con condena desde 2007 a 2022, el 44% eran sociedades por acciones.

Carlos Pavez, director de la UAF, explica que el atractivo de este tipo de estructuras jurídicas está, entre otras cosas, en la elasticidad que otorgan para llevar su administración: “La SpA tiene la facilidad de poder transferir la propiedad de esas acciones de manera muy simple. Una sociedad de responsabilidad limitada requiere el acuerdo de todos los socios. En una sociedad por acciones existe la posibilidad de hacer muchas modificaciones sin tener que requerir el acuerdo de los demás socios”.

¿Qué tan fácil es llegar al nombre de los propietarios de esas sociedades? Julián Carrasco, quien lideró el departamento jurídico del Servicio de Impuestos Internos en la Región del Biobío, lo responde: “La enajenación de acciones o la venta de estas empresas se puede hacer por documento privado. Lo único que exige la ley es hacer una anotación en un registro de accionistas que lleva la propia empresa y que, lo puedo asegurar, en el 95% de los casos no existe”, explica. Agrega que luego de que se crea una SpA es muy difícil saber quién o quiénes son sus dueños: “No existe la obligación de un registro formal y público donde se pueda verificar eso. Probablemente eso explique su preferencia para este tipo de operaciones ilícitas que no dejan rastro”.

EN BUSCA DE BENEFICIARIO FINAL

Desde la creación en 2013 del Registro de Empresas y Sociedades –“Tu Empresa en un Día”– se han constituido más de 1,2 millones de sociedades a través de ese mecanismo.

“Los lavadores de dinero, los grupos criminales, siempre van a buscar los mecanismos legales que les ofrece el sistema. No digo que la empresa en un día sea algo negativo, por el contrario, pero ellos se van a aprovechar. Cuando se crean este tipo de iniciativas que apoyan a quienes realizan actividades legales, siempre hay que mirar cuál es el impacto que puede tener para este tipo de agrupaciones criminales y si tenemos los mecanismos de control y de detección”, comenta el jefe de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la PDI, Johnny Fica.

¿Con qué herramientas cuenta el sistema antilavado para conocer de manera precisa y expedita a los beneficiarios finales –propietarios reales– de esas sociedades? No son muchas. Y la tarea se complica aún más cuando se trata de estructuras envueltas en mayores grados de opacidad, como las sociedades por acciones.

Chile es uno de los pocos países de la región que no cuenta con un registro de beneficiarios finales. Bolivia, Venezuela y México tampoco lo tienen, mientras otros 10 países de Latinoamérica sí cuentan con leyes al respecto, de acuerdo con un informe de la ONG Tax Justice Network publicado en marzo de 2023.

En diciembre de 2023, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que crea un registro de beneficiarios finales, medida que permitiría conocer a las personas que están detrás de sociedades y otras estructuras jurídicas. El proyecto aún se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado y, luego de un año, no muestra avances significativos.

La abogada María Jaraquemada, exdirectora ejecutiva de Chile Transparente y presidenta de la Comisión para la Probidad y Transparencia –impulsada por el Ejecutivo tras estallar el llamado caso Convenios–, asegura que contar con ese registro permitiría atacar varios problemas: “Es una herramienta que mata varios pájaros de un tiro. Permite detectar lavado de dinero, colusiones o atentados a la libre competencia; y que quienes postulan a licitaciones en Chile Compra cumplan con todos los requisitos y no evadan ciertas prohibiciones que tienen para contratar con el Estado”, señala entre otros ejemplos. 

Añade que la herramienta facilitaría también el intercambio de información para combatir mejor al crimen transfronterizo:

“Si todos vamos adquiriendo esto, puedes hacerle mucho más difícil lavar dinero al crimen organizado, por ejemplo, porque vas compartiendo esta información con otros países”.

Hay consenso entre especialistas en que la gestión del registro debiese quedar centralizada en una misma institución –el proyecto de ley también lo considera– y que este debiese ser de fácil acceso e, incluso, de carácter relativamente público.

“En algunos países lo gestionan las agencias tributarias, en otros, como Uruguay, el Banco Central. Lo ideal es que parte de esta información sea de carácter público. En Reino Unido, por ejemplo, es así. Cuando la sociedad civil o los medios de comunicación pueden acceder a esta información, se convierten en co-fiscalizadores”, agrega Jaraquemada.

FALSOS PERFILES

Lo usual es que las sociedades instrumentales involucradas en esquemas de lavado hagan de pantalla para la inscripción de bienes, automóviles, terrenos o viviendas. Pero su uso, en algunos casos, se ha complejizado: hay quienes entendieron que con ellas las posibilidades que se abren para lavar dinero son bastantes y que estas pueden maximizarse. Así, esas sociedades en ocasiones también son utilizadas para crear perfiles falsos, proveyéndoles de un historial laboral y salarial a sus propietarios e incluso a sus supuestos empleados. Ese respaldo, que solo existe en el papel, le ha permitido a narcotraficantes demostrar ingresos regulares para abrir cuentas corrientes en bancos y justificar millonarios movimientos de dinero; obtener créditos de consumo o hipotecarios e, incluso, cotizar en el sistema de AFP. 

En la revisión del CIP.UDP de más de un centenar de causas judiciales se encontraron diversos negocios de fachada que en algunos casos sirvieron de plataforma para tales fines. Destacan botillerías y farmacias, pero también figura una verdulería, una joyería, un hostal, una distribuidora de agua embotellada, un negocio de abarrotes, un centro de arriendo de canchas de futbolito e incluso un cementerio.  

El truco está en aparentar normalidad a como dé lugar.

Johan Gil vulneró el sistema completo, desde el de migración hasta el de pensiones. Para volver a Chile, tuvo que reinventarse por completo. Lo que a la mayoría le cuesta años de esfuerzo, a él le significó solo algunos meses. En Colombia, su país de origen, arrastraba una condena por violación, delito por el cual fue expulsado de nuestro país. Para reingresar, tiempo después, usó una identidad falsa perteneciente a un ciudadano boliviano. De vuelta, no tuvo problema para conseguir una cédula de identidad para extranjeros ni tampoco para inscribir una pistola semiautomática 9 milímetros en la Dirección General de Movilización Nacional.

En 2017 comenzó con los envíos de droga –cocaína, marihuana y éxtasis– de Santiago a Magallanes. Rápidamente montó dos laboratorios para cocinar las sustancias, uno en cada ciudad. Paralelamente constituyó junto a otras personas tres sociedades por acciones, todas de fachada y otras cuantas de responsabilidad individual. Una de ellas era de transportes y la utilizaba para trasladar precursores para elaborar MDMA; otras dos, a nombre de testaferros, sirvieron para administrar una botillería en Cerro Navia y un hostal en Punta Arenas, negocios con los que se les dio apariencia legal a los ingresos por la venta de droga.

En esas maniobras, Gil contó con la asesoría de un contador –un gatekeeper en jerga policial–, perfil cada vez más demandado en operaciones criminales complejas. Para entonces, la organización del colombiano ya tenía una decena de miembros.

El líder de la banda y algunos de sus socios comenzaron a recibir remuneraciones de manera formal, lo que les permitió bancarizarse, abrir cuentas corrientes y ser sujetos de crédito. Así, por ejemplo, compraron varios vehículos siguiendo el mismo patrón: solicitaban millonarios préstamos a instituciones de financiamiento automotriz –así evitaban pagar al contado y levantar sospechas– y pagaban las deudas a los pocos días. Solvencia había: todos exhibían salarios y no eran bajos.

En la causa judicial figura un listado de productos financieros a nombre de las sociedades de fachada o de los mismos integrantes de la asociación criminal: talonarios de cheques, cartolas, depósitos y comprobantes de créditos automotrices. Al menos tres bancos y dos instituciones crediticias fueron vulneradas en esta operación.

No fueron los únicos sectores económicos de los que se aprovecharon. También aparecieron recibos de giros de dinero a Colombia, a través de una empresa de remesas que incluso está inscrita en la lista de sujetos obligados de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

La simulación fue completa: el dinero sucio incluso ingresó al flujo financiero de algunas administradoras de fondos de pensión. Johan Gil y algunos miembros de su banda blanquearon los ingresos de su negocio cotizando en cuatro AFP.

El 6 de septiembre de 2024, el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó a Johan Gil a más de 30 años de cárcel por los delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita y lavado de activos. Sus socios fueron condenados a penas de 5 a 7 años de presidio y 11 miembros de la banda admitieron su responsabilidad en juicio abreviado.