Aunque su uso es menos frecuente, los criptoactivos representan hoy una ventana real para ocultar dinero ilícito. Pero los circuitos del blanqueo siguen una ruta más bien clásica: la ventanilla de un banco, de una casa de cambios, de una empresa de giros al extranjero, la caseta de fichas de un casino o el mesón de una notaría. La revisión del CIP.UDP de 37 sentencias por lavado entre 2023 y 2024 indica que en al menos 65 oportunidades se ocupó un banco de la plaza; que se hicieron más de 160 giros a través de alguna empresa de remesas; y que en 36 ocasiones se usó una notaría o un conservador de bienes raíces para inscribir bienes y sociedades. El narco sí usa la banca y aprovecha todas las debilidades del sistema a su favor.
Por: Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos - CIP.UDP
Comprar fichas para jugar black jack en un casino y canjearlas por dinero sin haberlas utilizado. Cambiar o arbitrar divisas en una o varias casas de cambios. Enviar pesos chilenos a través de una empresa de remesas que los entrega convertidos en la moneda local del país de destino. Solicitar un crédito en un banco para adquirir un vehículo o un bien raíz y servir esa deuda con las ganancias del tráfico, de un fraude o de una estafa.
Los mecanismos para alejar el dinero sucio de su fuente de origen son múltiples, pero el fin es el mismo: mezclar los ingresos de actividades ilícitas aprovechando los flujos financieros de la economía formal. Con mayor o menor complejidad, buena parte de los esquemas de lavado revisados para esta investigación responden a esa lógica.
En un porcentaje menor –aunque creciente– de causas la ruta del dinero toma otro cauce: el digital. En septiembre de 2023, el ingeniero informático Jan Acuña fue condenado a 5 años de libertad vigilada por tráfico de drogas y lavado de activos. Para ocultar las ganancias invirtió en criptomonedas, un mecanismo poco tradicional.
La primera alerta sobre este caso llegó a la policía un año antes, en septiembre de 2022, desde el aeropuerto de Leipzig, Alemania. Allí retuvieron una encomienda con 1 kilo de éxtasis en polvo, cuya parada final era la comuna de Maipú. El destinatario era Acuña. Poco después Carabineros lo detuvo. Allanaron su domicilio y el de su madre, incautándole casi $37 millones en efectivo. Parte de ese dinero estaba escondido al interior de una lavadora.
También le decomisaron tres billeteras digitales, dos de ellas a nombre de testaferros, por poco más de $35 millones.
“Se están desarrollando recién capacidades de detección”, señala Mauricio Fernández, director de la Unidad de Lavado de Dinero de la Fiscalía (Ulddeco), sobre el rastreo de bitcoins.
“Tenemos una cuenta a nombre del Ministerio Público y en cinco investigaciones tenemos criptoactivos incautados e incorporados a esa cuenta. Pero eso es la punta del iceberg: basta con mirar el mundo real y muchos delitos se están manejando así. Es un área de especial preocupación”, agrega.
La primera vez que la Policía de Investigaciones incautó monedas virtuales fue en 2021. Un narcotraficante de Valdivia escondía las ganancias de su negocio en dos mercados en línea de la web no indexada o darkweb: Alphabay y Dream Market. Las monedas virtuales –0,26 bitcoins– eran traspasadas luego a otras plataformas de la web abierta, como Blockfy y Localbitcoin, inexistentes en la actualidad.
Ese 2021, el valor de las monedas digitales recuperadas por la PDI alcanzó los $7 millones, monto que en su totalidad correspondió a lo incautado en esa operación. Al cierre de 2023, los activos virtuales retenidos por la policía en procedimientos por lavado de activos superaron los $85 millones.
Si bien el decomiso de bienes virtuales ha ido en aumento en el último tiempo, solo representa el 0,12% del patrimonio requisado por la PDI entre 2018 y 2024. De los más de 80 mil millones de pesos incautados en los últimos seis años, casi el 60% corresponde a bienes raíces y vehículos motorizados.
El CIP.UDP revisó 37 sentencias por lavado de activos dictadas por tribunales entre 2023 y 2024. Allí, el uso de criptoactivos en esquemas de blanqueo es excepcional. Aún siguen predominando mecanismos más clásicos de lavado: en 24 de las 37 causas se compraron vehículos y en 18 bienes raíces. Gran parte de esos bienes fueron adquiridos por testaferros o palos blancos de los beneficiarios reales de esos activos.
EL NARCO SÍ USA LA BANCA
Los bancos son una de las puertas de ingreso más comunes del dinero sucio al sistema financiero. En las sentencias revisadas desde 2023, estos aparecen en 24 causas. Condenados por fraude, estafa, cohecho, contrabando y narcotráfico utilizaron en más de 65 ocasiones una institución financiera de la plaza para hacer depósitos, transferencias o solicitar un crédito para comprar un vehículo o un bien raíz: el activo se compra con plata limpia y la deuda se paga con plata sucia.
El narco no ocupa la banca. Eso fue lo que se escuchó hace algunos meses en medio de la discusión sobre flexibilizar el levantamiento del secreto bancario, una de las iniciativas insignes del proyecto de ley que crea un Subsistema de Inteligencia Económica. Ingresada en mayo de 2023 y aún en primer trámite constitucional, esta reforma busca dotar de mayores herramientas y recursos a la prevención, detección y persecución del crimen organizado. La idea de facilitar el acceso a información financiera por parte de instituciones especializadas –como el Servicio de Impuestos Internos–, también figura en un proyecto paralelo sobre cumplimiento tributario.
En Chile, las leyes protegen la reserva bancaria, pero en el marco de indagaciones del Ministerio Público por delitos específicos esta se puede levantar por la vía del consentimiento del titular de la cuenta o por instrucción de un juez. El espíritu de ambas propuestas es simplificar el trámite y permitir un acceso más expedito a esa información, principalmente en el caso de investigaciones sobre crimen organizado.
Una de las indicaciones contenidas en el proyecto –ingresada por el Gobierno en la Comisión de Hacienda del Senado en noviembre pasado–, plantea la posibilidad de que la UAF pueda acceder por vía administrativa a información bancaria protegida –más allá de los reportes de operaciones sospechosas–, previa autorización de un juez y bajo causales específicas.
Cuando el proyecto ingresó al Congreso en 2023, sectores de la derecha se opusieron a esa reforma, argumentando que aquello podría dañar la privacidad e intimidad de las personas. La secretaria general del Partido Republicano (PR), Ruth Hurtado, dijo: “el narco no hace transferencias bancarias. Hay que ser bastante ingenuo”.
Nada más lejos de la realidad.
Decenas de causas por lavado de activos revisadas por el CIP.UDP desde 2007 vinculan al dinero del narco con la banca. En 10 sentencias por lavado de activos dictadas entre 2023 y 2024 figuran traficantes de droga haciendo trámites en bancos.
Que el dinero del narco permee instituciones del sector financiero no es algo reciente. Información de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) indica que en un universo de 273 sentencias por lavado de activos entre 2007 y 2022 el narcotráfico fue el delito base más común (54,6%). También que en la mitad de los casos de blanqueo se utilizó al menos un banco para disfrazar el dinero sucio.
María Teresa Muñoz, abogada y exmiembro del Consejo de Defensa del Estado, estuvo detrás de investigaciones emblemáticas por lavado de activos: Losada, Mazza y Aerocontinente, entre otras. Conoce los flancos del sistema y descarta que los bancos sean instituciones impenetrables: “Siempre creemos que Chile es como una isla que está exenta de todo lo que ocurre en el mundo y no es así. Está demostrado que los delincuentes usan la banca tal como la usa cualquier empresa. Eso es lo que hay que tener claro: usan exactamente los mismos vehículos”.
Piezas clave en el sistema antilavado, los bancos en ocasiones fallan en actuar con la celeridad con la que debiesen hacerlo. Sucedió en medio del fraude en Carabineros o Pacogate cuando varios de ellos no alertaron a tiempo a la UAF de millonarias transacciones de dinero realizadas por funcionarios de esa institución que no contaban con respaldo patrimonial.
Pero la demora en la respuesta de los bancos ha ocurrido incluso existiendo orden judicial para levantar el secreto bancario. Hace solo días, el 15 de noviembre de 2024, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sancionó al Banco de Crédito e Inversiones y al Santander por no entregar con la diligencia debida antecedentes clave a la Fiscalía en una investigación por fraude al Fisco derivada del llamado caso Convenios. La Ley General de Bancos dispone que los antecedentes sean entregados en un plazo de 10 días hábiles. Pasaron cerca de 8 meses antes de que los persecutores tuvieran en sus manos la totalidad de la información requerida. En el intertanto solo recibieron un número parcial e insuficiente de documentos. En ningún momento los bancos solicitaron prórroga para remitir los antecedentes, según consignó la CMF.
Esta situación no es excepcional. En los últimos cinco años, la CMF ha sancionado en otras ocho ocasiones a distintas instituciones financieras por razones similares, con multas desde UF 100 ($3.836.473, al valor de hoy) a UF 500 ($19.182.365, al valor de hoy).
El Banco Santander ya había sido sancionado en marzo de este año y el BCI en septiembre de 2023 por faltas equivalentes. Ese mismo mes también recibieron multas el Banco de Chile, Estado, Scotiabank, Security y Copeuch (Cooperativa de Ahorro y Crédito) por no facilitar oportunamente la información solicitada por el Ministerio Público en investigaciones de fraude al Fisco, cohecho y lavado de activos. El Banco Estado registra otra infracción en enero de 2021 en el marco de una investigación que indagaba malversación de caudales públicos, entre otros delitos.
“Mientras esté bien fundamentada la solicitud, los jueces le dan autorización a los fiscales para entrar a las cuentas bancarias”, señala Mauricio Fernández de la Ulddeco.
Aunque agrega: “Los problemas los tenemos normalmente en los tiempos de obtención de información desde la banca y en los modelos de entrega de información”.
Asegura que la Fiscalía se encuentra trabajando con la Asociación de Bancos en protocolos que permitan apurar los tiempos y mejorar el formato con el que se traspasan los antecedentes que se solicitan, para procesarlos de manera más eficaz.
DIVISAS Y FICHAS DEL NARCO
No solo la de los bancos. En otros esquemas de lavado, el dinero ingresa por otras ventanillas de atención: la de una casa de cambios, la de una empresa de remesas o la del puesto de fichas de un casino.
El cálculo del CIP.UDP con base en información de la UAF y la revisión de 157 causas en el Poder Judicial, indica que desde 2007 a junio de 2024 casas de cambio y empresas de remesas figuran en al menos 28 causas judiciales por lavado de activos.
En una reciente, el Ministerio Público acusó al socio y algunos empleados de Cambios Láser –negocio de divisas con varios locales en Santiago– de ser parte de un esquema de blanqueo de dineros provenientes de operaciones de tráfico de drogas realizadas por terceros. Según el relato de los hechos de la Fiscalía –que en 2023 logró condenas en juicio abreviado para algunos involucrados– cambiaban a dólares las ganancias obtenidas por una banda dedicada al tráfico. Luego, para hacer circular la plata, la llevaban por mano, fraccionada y en viajes sucesivos a Argentina y Uruguay, donde compraban moneda extranjera que luego retornaba de la misma manera a Chile. Acá, las divisas se repartían entre las distintas sucursales.
El uso de casas de cambio por blanqueadores de dinero es de larga data. En noviembre de 2023, la Corte Suprema confirmó la condena por el delito de lavado de activos en contra de los integrantes del denominado clan Mazza. Se trata de una antigua causa originada en 2007 –la más grande por lavado de activos en Chile– luego de la detención del líder de la asociación ilícita, Mauricio Mazza. Fue capturado con apoyo del FBI y la DEA en Estados Unidos, cuando transportaba más de 3 millones de euros en efectivo.
El esquema era el siguiente: a través de la agencia Turismo Costa Brava –con giro de casa de cambios– los Mazza recibían millones de euros desde el extranjero. La plata, que provenía del narcotráfico, era transportada a Chile a través de correos humanos desde operadoras de divisas principalmente de Colombia. A partir de simulaciones de compra y venta de moneda aquí se limpiaba su origen con documentación falsa. Luego, también por mano, se trasladaba a Estados Unidos donde los euros se vendían en la sucursal de Los Ángeles de la compañía de cambios Afex. El dinero resultante era depositado en dólares en una cuenta de un banco norteamericano a nombre de una sociedad de fachada de Costa Brava, para luego ser transferido de manera electrónica al punto de origen, Colombia.
Las empresas de envío de dinero también le resultan útiles al narco: pueden ser una vía efectiva para la administración de la planilla de pagos si se trata de una agrupación criminal transnacional. En las numerosas causas judiciales revisadas para este reportaje, negocios de remesas permitieron el envío de dinero ilícito al extranjero, principalmente del narcotráfico. La ruta de ese dinero terminó en el bolsillo del proveedor original y de los transportistas de la droga que entró a nuestro país o, a veces, en alguna cuenta bancaria del país de origen del cabecilla de la organización que opera en Chile.
En dos causas con sentencia en 2024 se utilizaron negocios de remesas para lavar dinero proveniente del tráfico de drogas. Las maniobras de ocultamiento de las organizaciones criminales que protagonizaron ambas causas –no relacionadas entre sí– suman 164 giros al extranjero, por poco más de $164 millones. El dinero se envió desde Santiago a través de dos negocios de remesas y terminó en Medellín, Barranquilla, Villavicencio, Acacias y Bogotá.
En varias salidas a terreno, el CIP.UDP pudo confirmar que existen decenas de locales comerciales en el centro de Santiago dedicados a ese rubro pero con giro multipropósito. Esto es: al mismo tiempo que ofrecen servicio de barbería, o venden chips de teléfonos o paquetes de viajes, cobran por enviar dinero a través de algún sistema de transferencia al que aseguran estar asociados. En muchos casos la informalidad es la regla, lo que dificulta que puedan ser fiscalizados por la Unidad de Análisis Financiero (ver reportaje: “Los flancos de la UAF”).
Otros $450 millones fueron enviados también a Colombia entre 2014 y 2018 por otra organización de narcotraficantes que operaban en la Región de Tarapacá. El destino mayoritario de ese monto era la cuenta en el banco Bancolombia del líder de la banda. Fueron 474 giros a través de los sistemas de envío de dinero de seis empresas de giros internacionales. Una de ellas fue Guiñazú, la que ha sido sancionada por la UAF en 2018 y 2021 con multas que suman UF 100 ($3,8 millones al valor actual) por infracciones a la norma antilavado. Entre ellas, no registrar debidamente operaciones superiores a los USD 5 mil, no solicitar información sobre el beneficiario final de la transacción y no contar con mecanismos apropiados para identificar a personas expuestas políticamente (PEP).
Los casinos de juego también son puntos de riesgo para el sistema antilavado. Por eso, la norma los obliga, por ejemplo, a identificar a clientes que realicen operaciones por sumas iguales o superiores a 3 mil dólares. No es tan usual que se utilicen en esquemas de lavado, pero en la revisión de más de 150 causas en el Poder Judicial hecha por el CIP.UDP se identificó que en al menos seis oportunidades el dinero sucio ingresó a la caja de un casino.
En algunas oportunidades solo de trató de apuestas; en otras se realizaron sucesivas compras de fichas y no se jugaron. Así ocurrió con los cabecillas de una banda de traficantes que asistieron en más 70 ocasiones entre 2013 y 2014 al casino Monticello. Compraban fichas con billetes de baja denominación y se quedaban rondando entre las mesas por horas sin apostar. Volvían a la caja y cambiaban las fichas por dinero. Así, de a poco, metían sencillo y recibían billetes grandes.
Los pillaron, tiempo después, cuando intentaron comprar $7 millones en fichas. El dinero no solo estaba sucio, también olía mal. La cajera no les aceptó el cambio porque “presentaba un fuerte olor que no pudo identificar”. Fue entonces que el casino envió un reporte de operación sospechosa (ROS) a la UAF.
ADQUIRIR, PROTOCOLIZAR, INSCRIBIR
Como el grueso del dinero negro termina convertido en activos tangibles, los notarios y conservadores de bienes raíces son sectores sensibles en el contexto del sistema antilavado. Allí se transfieren, inscriben o registran automóviles, motos, parcelas, loteos, casas y departamentos, entre otros activos. En notarías los blanqueadores también formalizan las sociedades de fachada con las que disfrazan su actividad ilícita (ver reportaje: “Las sociedades de fachada”).
En la revisión del CIP.UDP de 37 sentencias de 2023 y 2024 por lavado de activos, en 36 oportunidades lavadores de dinero pasaron por alguna notaría o conservador de bienes raíces para registrar o transferir a terceros el dominio de los bienes adquiridos o crear sociedades.
Así lo hicieron Cristopher Leiva y Sebastián Lacasia, ambos figuran en investigaciones recientes por narcotráfico y lavado de activos. Son causas separadas pero a los dos los une el gusto por los autos de alta gama. Al primero, de hecho, la prensa lo denominó “el Toretto” chileno, en alusión al protagonista de la saga de Hollywood Rápidos y Furiosos; al segundo “el Padrino” de los artistas urbanos, por su vínculo con figuras de ese rubro.
Un Ferrari, utilizado por Leiva, y un McLaren, utilizado por Lacasia, se cuentan entre los activos decomisados que también incluyeron autos BWM y Mercedes Benz, además de una veintena de parcelas.
Solo “el Toretto” pasó por al menos ocho notarías distintas y por los conservadores de bienes raíces de Santiago y de Los Muermos en la Región de Los Lagos para registrar sus bienes utilizando testaferros.
Información de la UAF consigna que en un universo de más de 270 sentencias por lavado de activos entre 2007 y 2022, los notarios fueron el sector más vulnerado. En casi el 80% de esos casos, se hizo algún trámite notarial como parte de un esquema de blanqueo.
No es que las notarías y los conservadores de bienes raíces estén de por sí involucrados de manera activa en esos esquemas. El asunto es con cuánta diligencia aplican las salvaguardas para prevenir que los flujos financieros se contaminen con dinero sucio.
Sobre la importancia de las notarías en el sistema antilavado, la abogada María Teresa Muñoz explica: “Son clave. Yo creo que no hay conciencia de que son un actor relevante en el sistema y ellos tampoco tienen la conciencia de que lo son”.
Comprar fichas para jugar black jack en un casino y canjearlas por dinero sin haberlas utilizado. Cambiar o arbitrar divisas en una o varias casas de cambios. Enviar pesos chilenos a través de una empresa de remesas que los entrega convertidos en la moneda local del país de destino. Solicitar un crédito en un banco para adquirir un vehículo o un bien raíz y servir esa deuda con las ganancias del tráfico, de un fraude o de una estafa.
Los mecanismos para alejar el dinero sucio de su fuente de origen son múltiples, pero el fin es el mismo: mezclar los ingresos de actividades ilícitas aprovechando los flujos financieros de la economía formal. Con mayor o menor complejidad, buena parte de los esquemas de lavado revisados para esta investigación responden a esa lógica.
En un porcentaje menor –aunque creciente– de causas la ruta del dinero toma otro cauce: el digital. En septiembre de 2023, el ingeniero informático Jan Acuña fue condenado a 5 años de libertad vigilada por tráfico de drogas y lavado de activos. Para ocultar las ganancias invirtió en criptomonedas, un mecanismo poco tradicional.
La primera alerta sobre este caso llegó a la policía un año antes, en septiembre de 2022, desde el aeropuerto de Leipzig, Alemania. Allí retuvieron una encomienda con 1 kilo de éxtasis en polvo, cuya parada final era la comuna de Maipú. El destinatario era Acuña. Poco después Carabineros lo detuvo. Allanaron su domicilio y el de su madre, incautándole casi $37 millones en efectivo. Parte de ese dinero estaba escondido al interior de una lavadora.
También le decomisaron tres billeteras digitales, dos de ellas a nombre de testaferros, por poco más de $35 millones.
“Se están desarrollando recién capacidades de detección”, señala Mauricio Fernández, director de la Unidad de Lavado de Dinero de la Fiscalía (Ulddeco), sobre el rastreo de bitcoins.
“Tenemos una cuenta a nombre del Ministerio Público y en cinco investigaciones tenemos criptoactivos incautados e incorporados a esa cuenta. Pero eso es la punta del iceberg: basta con mirar el mundo real y muchos delitos se están manejando así. Es un área de especial preocupación”, agrega.
La primera vez que la Policía de Investigaciones incautó monedas virtuales fue en 2021. Un narcotraficante de Valdivia escondía las ganancias de su negocio en dos mercados en línea de la web no indexada o darkweb: Alphabay y Dream Market. Las monedas virtuales –0,26 bitcoins– eran traspasadas luego a otras plataformas de la web abierta, como Blockfy y Localbitcoin, inexistentes en la actualidad.
Ese 2021, el valor de las monedas digitales recuperadas por la PDI alcanzó los $7 millones, monto que en su totalidad correspondió a lo incautado en esa operación. Al cierre de 2023, los activos virtuales retenidos por la policía en procedimientos por lavado de activos superaron los $85 millones.
Si bien el decomiso de bienes virtuales ha ido en aumento en el último tiempo, solo representa el 0,12% del patrimonio requisado por la PDI entre 2018 y 2024. De los más de 80 mil millones de pesos incautados en los últimos seis años, casi el 60% corresponde a bienes raíces y vehículos motorizados.
El CIP.UDP revisó 37 sentencias por lavado de activos dictadas por tribunales entre 2023 y 2024. Allí, el uso de criptoactivos en esquemas de blanqueo es excepcional. Aún siguen predominando mecanismos más clásicos de lavado: en 24 de las 37 causas se compraron vehículos y en 18 bienes raíces. Gran parte de esos bienes fueron adquiridos por testaferros o palos blancos de los beneficiarios reales de esos activos.
EL NARCO SÍ USA LA BANCA
Los bancos son una de las puertas de ingreso más comunes del dinero sucio al sistema financiero. En las sentencias revisadas desde 2023, estos aparecen en 24 causas. Condenados por fraude, estafa, cohecho, contrabando y narcotráfico utilizaron en más de 65 ocasiones una institución financiera de la plaza para hacer depósitos, transferencias o solicitar un crédito para comprar un vehículo o un bien raíz: el activo se compra con plata limpia y la deuda se paga con plata sucia.
El narco no ocupa la banca. Eso fue lo que se escuchó hace algunos meses en medio de la discusión sobre flexibilizar el levantamiento del secreto bancario, una de las iniciativas insignes del proyecto de ley que crea un Subsistema de Inteligencia Económica. Ingresada en mayo de 2023 y aún en primer trámite constitucional, esta reforma busca dotar de mayores herramientas y recursos a la prevención, detección y persecución del crimen organizado. La idea de facilitar el acceso a información financiera por parte de instituciones especializadas –como el Servicio de Impuestos Internos–, también figura en un proyecto paralelo sobre cumplimiento tributario.
En Chile, las leyes protegen la reserva bancaria, pero en el marco de indagaciones del Ministerio Público por delitos específicos esta se puede levantar por la vía del consentimiento del titular de la cuenta o por instrucción de un juez. El espíritu de ambas propuestas es simplificar el trámite y permitir un acceso más expedito a esa información, principalmente en el caso de investigaciones sobre crimen organizado.
Una de las indicaciones contenidas en el proyecto –ingresada por el Gobierno en la Comisión de Hacienda del Senado en noviembre pasado–, plantea la posibilidad de que la UAF pueda acceder por vía administrativa a información bancaria protegida –más allá de los reportes de operaciones sospechosas–, previa autorización de un juez y bajo causales específicas.
Cuando el proyecto ingresó al Congreso en 2023, sectores de la derecha se opusieron a esa reforma, argumentando que aquello podría dañar la privacidad e intimidad de las personas. La secretaria general del Partido Republicano (PR), Ruth Hurtado, dijo: “el narco no hace transferencias bancarias. Hay que ser bastante ingenuo”.
Nada más lejos de la realidad.
Decenas de causas por lavado de activos revisadas por el CIP.UDP desde 2007 vinculan al dinero del narco con la banca. En 10 sentencias por lavado de activos dictadas entre 2023 y 2024 figuran traficantes de droga haciendo trámites en bancos.
Que el dinero del narco permee instituciones del sector financiero no es algo reciente. Información de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) indica que en un universo de 273 sentencias por lavado de activos entre 2007 y 2022 el narcotráfico fue el delito base más común (54,6%). También que en la mitad de los casos de blanqueo se utilizó al menos un banco para disfrazar el dinero sucio.
María Teresa Muñoz, abogada y exmiembro del Consejo de Defensa del Estado, estuvo detrás de investigaciones emblemáticas por lavado de activos: Losada, Mazza y Aerocontinente, entre otras. Conoce los flancos del sistema y descarta que los bancos sean instituciones impenetrables: “Siempre creemos que Chile es como una isla que está exenta de todo lo que ocurre en el mundo y no es así. Está demostrado que los delincuentes usan la banca tal como la usa cualquier empresa. Eso es lo que hay que tener claro: usan exactamente los mismos vehículos”.
Piezas clave en el sistema antilavado, los bancos en ocasiones fallan en actuar con la celeridad con la que debiesen hacerlo. Sucedió en medio del fraude en Carabineros o Pacogate cuando varios de ellos no alertaron a tiempo a la UAF de millonarias transacciones de dinero realizadas por funcionarios de esa institución que no contaban con respaldo patrimonial.
Pero la demora en la respuesta de los bancos ha ocurrido incluso existiendo orden judicial para levantar el secreto bancario. Hace solo días, el 15 de noviembre de 2024, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sancionó al Banco de Crédito e Inversiones y al Santander por no entregar con la diligencia debida antecedentes clave a la Fiscalía en una investigación por fraude al Fisco derivada del llamado caso Convenios. La Ley General de Bancos dispone que los antecedentes sean entregados en un plazo de 10 días hábiles. Pasaron cerca de 8 meses antes de que los persecutores tuvieran en sus manos la totalidad de la información requerida. En el intertanto solo recibieron un número parcial e insuficiente de documentos. En ningún momento los bancos solicitaron prórroga para remitir los antecedentes, según consignó la CMF.
Esta situación no es excepcional. En los últimos cinco años, la CMF ha sancionado en otras ocho ocasiones a distintas instituciones financieras por razones similares, con multas desde UF 100 ($3.836.473, al valor de hoy) a UF 500 ($19.182.365, al valor de hoy).
El Banco Santander ya había sido sancionado en marzo de este año y el BCI en septiembre de 2023 por faltas equivalentes. Ese mismo mes también recibieron multas el Banco de Chile, Estado, Scotiabank, Security y Copeuch (Cooperativa de Ahorro y Crédito) por no facilitar oportunamente la información solicitada por el Ministerio Público en investigaciones de fraude al Fisco, cohecho y lavado de activos. El Banco Estado registra otra infracción en enero de 2021 en el marco de una investigación que indagaba malversación de caudales públicos, entre otros delitos.
“Mientras esté bien fundamentada la solicitud, los jueces le dan autorización a los fiscales para entrar a las cuentas bancarias”, señala Mauricio Fernández de la Ulddeco.
Aunque agrega: “Los problemas los tenemos normalmente en los tiempos de obtención de información desde la banca y en los modelos de entrega de información”.
Asegura que la Fiscalía se encuentra trabajando con la Asociación de Bancos en protocolos que permitan apurar los tiempos y mejorar el formato con el que se traspasan los antecedentes que se solicitan, para procesarlos de manera más eficaz.
DIVISAS Y FICHAS DEL NARCO
No solo la de los bancos. En otros esquemas de lavado, el dinero ingresa por otras ventanillas de atención: la de una casa de cambios, la de una empresa de remesas o la del puesto de fichas de un casino.
El cálculo del CIP.UDP con base en información de la UAF y la revisión de 157 causas en el Poder Judicial, indica que desde 2007 a junio de 2024 casas de cambio y empresas de remesas figuran en al menos 28 causas judiciales por lavado de activos.
En una reciente, el Ministerio Público acusó al socio y algunos empleados de Cambios Láser –negocio de divisas con varios locales en Santiago– de ser parte de un esquema de blanqueo de dineros provenientes de operaciones de tráfico de drogas realizadas por terceros. Según el relato de los hechos de la Fiscalía –que en 2023 logró condenas en juicio abreviado para algunos involucrados– cambiaban a dólares las ganancias obtenidas por una banda dedicada al tráfico. Luego, para hacer circular la plata, la llevaban por mano, fraccionada y en viajes sucesivos a Argentina y Uruguay, donde compraban moneda extranjera que luego retornaba de la misma manera a Chile. Acá, las divisas se repartían entre las distintas sucursales.
El uso de casas de cambio por blanqueadores de dinero es de larga data. En noviembre de 2023, la Corte Suprema confirmó la condena por el delito de lavado de activos en contra de los integrantes del denominado clan Mazza. Se trata de una antigua causa originada en 2007 –la más grande por lavado de activos en Chile– luego de la detención del líder de la asociación ilícita, Mauricio Mazza. Fue capturado con apoyo del FBI y la DEA en Estados Unidos, cuando transportaba más de 3 millones de euros en efectivo.
El esquema era el siguiente: a través de la agencia Turismo Costa Brava –con giro de casa de cambios– los Mazza recibían millones de euros desde el extranjero. La plata, que provenía del narcotráfico, era transportada a Chile a través de correos humanos desde operadoras de divisas principalmente de Colombia. A partir de simulaciones de compra y venta de moneda aquí se limpiaba su origen con documentación falsa. Luego, también por mano, se trasladaba a Estados Unidos donde los euros se vendían en la sucursal de Los Ángeles de la compañía de cambios Afex. El dinero resultante era depositado en dólares en una cuenta de un banco norteamericano a nombre de una sociedad de fachada de Costa Brava, para luego ser transferido de manera electrónica al punto de origen, Colombia.
Las empresas de envío de dinero también le resultan útiles al narco: pueden ser una vía efectiva para la administración de la planilla de pagos si se trata de una agrupación criminal transnacional. En las numerosas causas judiciales revisadas para este reportaje, negocios de remesas permitieron el envío de dinero ilícito al extranjero, principalmente del narcotráfico. La ruta de ese dinero terminó en el bolsillo del proveedor original y de los transportistas de la droga que entró a nuestro país o, a veces, en alguna cuenta bancaria del país de origen del cabecilla de la organización que opera en Chile.
En dos causas con sentencia en 2024 se utilizaron negocios de remesas para lavar dinero proveniente del tráfico de drogas. Las maniobras de ocultamiento de las organizaciones criminales que protagonizaron ambas causas –no relacionadas entre sí– suman 164 giros al extranjero, por poco más de $164 millones. El dinero se envió desde Santiago a través de dos negocios de remesas y terminó en Medellín, Barranquilla, Villavicencio, Acacias y Bogotá.
En varias salidas a terreno, el CIP.UDP pudo confirmar que existen decenas de locales comerciales en el centro de Santiago dedicados a ese rubro pero con giro multipropósito. Esto es: al mismo tiempo que ofrecen servicio de barbería, o venden chips de teléfonos o paquetes de viajes, cobran por enviar dinero a través de algún sistema de transferencia al que aseguran estar asociados. En muchos casos la informalidad es la regla, lo que dificulta que puedan ser fiscalizados por la Unidad de Análisis Financiero (ver reportaje: “Los flancos de la UAF”).
Otros $450 millones fueron enviados también a Colombia entre 2014 y 2018 por otra organización de narcotraficantes que operaban en la Región de Tarapacá. El destino mayoritario de ese monto era la cuenta en el banco Bancolombia del líder de la banda. Fueron 474 giros a través de los sistemas de envío de dinero de seis empresas de giros internacionales. Una de ellas fue Guiñazú, la que ha sido sancionada por la UAF en 2018 y 2021 con multas que suman UF 100 ($3,8 millones al valor actual) por infracciones a la norma antilavado. Entre ellas, no registrar debidamente operaciones superiores a los USD 5 mil, no solicitar información sobre el beneficiario final de la transacción y no contar con mecanismos apropiados para identificar a personas expuestas políticamente (PEP).
Los casinos de juego también son puntos de riesgo para el sistema antilavado. Por eso, la norma los obliga, por ejemplo, a identificar a clientes que realicen operaciones por sumas iguales o superiores a 3 mil dólares. No es tan usual que se utilicen en esquemas de lavado, pero en la revisión de más de 150 causas en el Poder Judicial hecha por el CIP.UDP se identificó que en al menos seis oportunidades el dinero sucio ingresó a la caja de un casino.
En algunas oportunidades solo de trató de apuestas; en otras se realizaron sucesivas compras de fichas y no se jugaron. Así ocurrió con los cabecillas de una banda de traficantes que asistieron en más 70 ocasiones entre 2013 y 2014 al casino Monticello. Compraban fichas con billetes de baja denominación y se quedaban rondando entre las mesas por horas sin apostar. Volvían a la caja y cambiaban las fichas por dinero. Así, de a poco, metían sencillo y recibían billetes grandes.
Los pillaron, tiempo después, cuando intentaron comprar $7 millones en fichas. El dinero no solo estaba sucio, también olía mal. La cajera no les aceptó el cambio porque “presentaba un fuerte olor que no pudo identificar”. Fue entonces que el casino envió un reporte de operación sospechosa (ROS) a la UAF.
ADQUIRIR, PROTOCOLIZAR, INSCRIBIR
Como el grueso del dinero negro termina convertido en activos tangibles, los notarios y conservadores de bienes raíces son sectores sensibles en el contexto del sistema antilavado. Allí se transfieren, inscriben o registran automóviles, motos, parcelas, loteos, casas y departamentos, entre otros activos. En notarías los blanqueadores también formalizan las sociedades de fachada con las que disfrazan su actividad ilícita (ver reportaje: “Las sociedades de fachada”).
En la revisión del CIP.UDP de 37 sentencias de 2023 y 2024 por lavado de activos, en 36 oportunidades lavadores de dinero pasaron por alguna notaría o conservador de bienes raíces para registrar o transferir a terceros el dominio de los bienes adquiridos o crear sociedades.
Así lo hicieron Cristopher Leiva y Sebastián Lacasia, ambos figuran en investigaciones recientes por narcotráfico y lavado de activos. Son causas separadas pero a los dos los une el gusto por los autos de alta gama. Al primero, de hecho, la prensa lo denominó “el Toretto” chileno, en alusión al protagonista de la saga de Hollywood Rápidos y Furiosos; al segundo “el Padrino” de los artistas urbanos, por su vínculo con figuras de ese rubro.
Un Ferrari, utilizado por Leiva, y un McLaren, utilizado por Lacasia, se cuentan entre los activos decomisados que también incluyeron autos BWM y Mercedes Benz, además de una veintena de parcelas.
Solo “el Toretto” pasó por al menos ocho notarías distintas y por los conservadores de bienes raíces de Santiago y de Los Muermos en la Región de Los Lagos para registrar sus bienes utilizando testaferros.
Información de la UAF consigna que en un universo de más de 270 sentencias por lavado de activos entre 2007 y 2022, los notarios fueron el sector más vulnerado. En casi el 80% de esos casos, se hizo algún trámite notarial como parte de un esquema de blanqueo.
No es que las notarías y los conservadores de bienes raíces estén de por sí involucrados de manera activa en esos esquemas. El asunto es con cuánta diligencia aplican las salvaguardas para prevenir que los flujos financieros se contaminen con dinero sucio.
Sobre la importancia de las notarías en el sistema antilavado, la abogada María Teresa Muñoz explica: “Son clave. Yo creo que no hay conciencia de que son un actor relevante en el sistema y ellos tampoco tienen la conciencia de que lo son”.
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