Son varias las ventanas de ingreso del dinero sucio a la economía formal. Por eso, el sistema que debe prevenir el lavado de activos –y que tiene como centro a la Unidad de Análisis Financiero (UAF)– obliga a quienes participan de negocios y actividades permeables a la comisión de ese delito a inscribirse en un registro y enviar reportes para que las operaciones con sus clientes sean supervisadas. Son más de 8.400 los inscritos y provienen de 48 sectores de la economía. El CIP.UDP detectó que ese listado está lejos de ser exhaustivo. Pese a estar obligadas a registrarse, varias sociedades de gestión inmobiliaria, automotoras, remesadoras de dinero, casas de cambio y de remates, no figuran allí. Todos son sectores frecuentemente vulnerados por el lavado. No es el único flanco. Poco personal para fiscalizaciones en terreno y un débil mecanismo de sanciones abren espacio para que el dinero no justificado circule sin mucho problema como si fuese legal.
Por: Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos - CIP.UDP
–¿Cómo te fue con las baldosas?
Fue la última pregunta que le hizo el jefe narco a su brazo operativo a cargo de distribuir los ladrillos de cocaína en comunas del sur de la Región Metropolitana. Para entonces sus teléfonos ya estaban pinchados por la Policía de Investigaciones (PDI).
Fue también el último de varios viajes que hizo la organización criminal entre el extremo norte del país y Santiago, ocultando en sus camionetas entre 50 y 100 kilos de cocaína por vez. La compraban a proveedores bolivianos a poco más de $3 millones el kilo.
Las ganancias eran jugosas. Para blanquear el dinero utilizaron de manera reiterada una casa de cambios de la calle 21 de mayo, en pleno centro de la ciudad de Arica, llamada "Cambios Moreno". Allí convertían pesos a dólares, una y otra vez, y con parte de ese dinero le pagaban a sus surtidores internacionales.
Este negocio ilícito pudo haber sido desmontado mucho antes por la policía. Si no ocurrió, fue porque la casa de cambios incumplió con su obligación de levantar las alertas ante el organismo que debe prevenir el lavado de activos en nuestro país: la Unidad de Análisis Financiero (UAF), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.
“Cambios Moreno” no estaba enrolada en el registro de sujetos obligados de la UAF, mecanismo que mandata a quienes participan de actividades financieras y económicas sensibles –bancos, casas de cambio, automotoras, corredoras de propiedades y de bolsa, casinos de juegos, notarías, entre muchos otros– a reportar periódicamente al organismo sobre operaciones sospechosas de sus clientes.
“Toda esta situación conlleva a que este sujeto le otorgue impunidad a este grupo delictivo”, se lee en la sentencia que en 2021 condenó a pena remitida al dueño del negocio de divisas.
Los sujetos obligados representan, en simple, potenciales puntos de blanqueo del dinero sucio del crimen organizado, del que se obtiene por actos de corrupción pública o por delitos de cuello y corbata. Por eso la ley obliga a que se inscriban en el registro de la UAF. A la fecha, este registro cuenta con más de 8.400 enrolados provenientes de 48 sectores económicos del mundo privado.
Actualmente existen 307 casas de cambio inscritas en los listados de la Unidad de Análisis Financiero. El CIP.UDP, sin embargo, detectó que a la fecha hay al menos seis en la Región Metropolitana en funcionamiento, con giro vigente en el Servicio de Impuestos Internos, y que no figuran en el listado de la UAF, pese a que según datos del propio organismo es uno de los 10 sectores más vulnerados por la actividad de lavado.
Con base en información de la UAF y del Poder Judicial, el CIP.UDP revisó 157 causas con sentencia por lavado de activos tramitadas en tribunales entre 2007 y el primer semestre de 2024. En 18 procesos aparece involucrada una casa de cambio como parte de un engranaje de blanqueo de dinero.
Los sectores inmobiliario y automotriz están entre los cinco más utilizados por la actividad criminal para lavar capitales. Acá también encontramos puntos invisibles. La Asociación Gremial de Corredores de Propiedades (Coproch) cuenta con 237 miembros. Al menos hasta fines de noviembre de este año, 50 corredores (21%) no figuran en el registro de sujetos obligados de la UAF. De los no inscritos, todos ofrecen actualmente propiedades a lo largo del país. Una revisión de Portal Inmobiliario –sitio de referencia para la compraventa de bienes inmuebles– arroja que hay más de 57 sociedades de gestión inmobiliaria no registradas en esa nómina, es decir, totalmente fuera del radar de la UAF. Todas tienen propiedades en venta o arriendo.
Entre 2023 y junio de 2024, la justicia dictó sentencia en 99 casos por lavado de activos. En seis de esas causas el CIP.UDP identificó siete empresas del sector inmobiliario. Cuatro no están registradas en la nómina de la UAF.
Las automotoras recién fueron obligadas a inscribirse en el registro en 2023. A la fecha, hay más de 150 listadas. Tras una revisión de mapas en línea, trabajo en terreno y bases de datos –entre ellas la de la Cámara de Comercio Automotriz (CAVEM)– identificamos 24 automotoras en la Región Metropolitana ausentes de la nómina y otras 5 en la Región de Valparaíso.
Esta investigación detectó que el subregistro de sujetos obligados que debieran informarle a la UAF sobre movimientos sospechosos de sus clientes se extiende a otras actividades y sectores económicos. El CIP.UDP identificó 5 casas de remate, 7 negocios de remesas de dinero y algunos usuarios de zonas francas en esa situación.
Hay dos zonas francas en Chile: en Iquique y Punta Arenas. En esos territorios rige la presunción de extraterritorialidad y tienen, por tanto, un régimen aduanero especial. Son áreas de riesgo frente al lavado de activos dado que por lo general allí se privilegia el uso de dinero en efectivo como medio de pago.
Los usuarios de zonas francas representan el 31,2% de todos los sujetos obligados inscritos en la UAF hasta junio de 2024, es decir, el sector cuenta con 2.625 personas jurídicas o naturales registradas. El Servicio Nacional de Aduanas también tiene una lista con miles de usuarios de zona franca. El CIP.UDP seleccionó una muestra aleatoria de 10 personas jurídicas presentes en esa última nómina, chequeó sus nombres legales y de fantasía en el Diario Oficial y su vigencia de actividades en el Servicio de Impuestos Internos. Con dicha información en mano, se pudo detectar que al menos seis usuarios no están registrados ante la UAF.
El director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, reconoce que existen empresas o sociedades que no se han registrado ante la entidad y que operan en sectores económicos obligados por ley a informar sobre movimientos financieros. Hace hincapié en que esta problemática se da en rubros menos regulados donde no se requiere –a diferencia de bancos, casinos, AFP, corredoras de bolsa, administradoras de fondos de inversión y otros– licencia para operar. “Desde la última actualización grande hemos incorporado entre 100 y 170 sujetos obligados nuevos. ¿Nos faltan hartos? Sí. Pero si me preguntas si los más relevantes están incluidos te digo que sí. Los más grandes, los más relevantes, los que tienen más operaciones están”.
Sobre la enorme cantidad de usuarios de zona franca no inscritos, Pavez indicó que en parte eso debe a que el sector es muy cambiante, con actores que entran y salen de ese mercado constantemente: “Hay mucha movilidad, es un mercado variable donde se van creando y terminando usuarios".
PUNTOS CIEGOS
Que un sujeto obligado esté inscrito en la UAF no es en todo caso una garantía a prueba de balas. Entre 2014 y 2015, en el contexto del millonario fraude en Carabineros o “Pacogate”, bancos como el Santander o de Chile no cumplieron con su obligación de informar oportunamente a la UAF sobre reiterados movimientos sospechosos de dinero –por totales de entre $300 millones y $500 millones– realizados por funcionarios de esa institución y que claramente no calzaban con su perfil patrimonial. El escándalo recién explotó en 2017.
Hay veces en que el sistema falla porque no se levantan las alertas a tiempo. Otras porque, tal como pudo comprobar esta investigación, hay decenas de sujetos obligados que funcionan al margen del sistema antilavado.
En sectores donde tienden a prevalecer ciertos niveles de informalidad, las reglas no siempre se cumplen, no al menos a rajatabla.
La ley instruye que todos los sujetos obligados inscritos en la UAF envíen reportes de operaciones en efectivo (ROE) por sobre los 10 mil dólares y de operaciones sospechosas (ROS). La periodicidad de los reportes varía dependiendo del sector del que provenga cada sujeto obligado. La ley también impone el deber de que cada uno de los sujetos inscritos en los registros de la UAF cuenten con un oficial de cumplimiento, es decir, una persona encargada de enviar esos reportes de manera oportuna, de implementar un sistema preventivo antilavado que quede plasmado en un manual y de facilitar capacitaciones a los empleados. Por ese motivo, la UAF hace hincapié en la importancia de que ese rol esté en manos de alguien que tenga un cargo de alta responsabilidad al interior de la organización.
Una persona que trabaja en casas de cambio desde hace 20 años –y que solicitó resguardar su identidad–, dice que en muchas de ellas reina la informalidad absoluta. Asegura que fue oficial de cumplimiento de cuatro casas de cambio de manera simultánea –lo que contraviene la norma– y que es usual que para cumplir con la normativa se haga lo justo.
“Eligen a cualquier persona como oficial de cumplimiento y en algunos negocios se repite el mismo. El oficial de cumplimiento es solo un nombre. Nunca hice capacitaciones a otros empleados, nadie pesca eso", indica.
Agrega que no es raro que se dejen de informar operaciones sospechosas a la UAF para no perder el negocio con algunos clientes. “Si en una operación hay una factura de por medio, la tengo que reportar a la UAF. Si por el monto del cambio hay que emitir una y la persona no quiere, se hace de otra forma. Disfrazo la operación con varias boletas. Nunca se deja ir el negocio porque pierdes plata. Si el cliente llega con un millón de dólares y no quiere papeleo, no hay papeleo. El oficial de cumplimiento ahí mira para el techo”, confiesa.
La circular N°18 de la UAF de mayo de 2007 obliga a que en toda operación por sobre los 5.000 dólares las casas de cambio registren el nombre completo, el sexo, la nacionalidad, el RUT, la profesión y el domicilio del cliente. Junto a ello, se le debe exigir una declaración suscrita o firmada en la que dé cuenta del origen y el destino de los fondos involucrados en la operación. Si el cliente se niega a esto último, la norma indica que la transacción se puede realizar igual, aunque inmediatamente se debe reportar a la UAF como operación sospechosa.
“Si no tienes la procedencia de los fondos en una operación por sobre 5.000 dólares, se inventa para evitar una eventual multa. Si un cliente viene de la calle y te pide el cambio, se simula un origen”, añade.
Entre 2019 y junio de 2024, la UAF ha realizado 80 fiscalizaciones –remotas y presenciales– a empresas del rubro, a razón de 13 por año en promedio. Es el quinto sector económico con mayor número de supervisiones, las que han derivado en que se inicien 58 procesos sancionatorios durante ese periodo.
La revisión del CIP.UDP de la documentación de todas esas sanciones indica que la falta que más se repite es la ausencia o manejo de versiones desactualizadas de un manual antilavado. “El manual antilavado nadie lo lee. Solo está para cuando fiscaliza la UAF”, dice el trabajador de casas de cambio.
“UN GATITO QUE SE CREE LEÓN”
Durante 2023 la UAF ejecutó 159 supervisiones en un universo de 8.257 sujetos obligados registrados a esa fecha. Es decir, menos del 2% de los inscritos en sus registros fue objeto de una fiscalización.
La misma fuente vinculada a las casas de cambio retrata al organismo como un “gatito que se cree león”. Así lo explica:
“Nunca llegan de golpe a fiscalizar, siempre avisan. Pero el tema es que no van nunca. En la casa de cambio en la que estoy ahora llevo 4 años y han ido solo una vez. En otras han ido una vez en 5 años. Si la UAF de verdad fuera a fiscalizar, las casas de cambio estarían todas cerradas. Son lugares donde se cometen muchas faltas, es un lugar de muchos trucos y todos los manejan”.
La cifra de fiscalizaciones es baja y se repite hacia atrás. Desde 2019 el promedio de supervisiones anuales al universo completo de inscritos se mueve en un rango similar. Ante la enorme cantidad de sujetos obligados listados en sus registros, el sistema de fiscalización de la UAF se basa en un Enfoque Basado en Riesgo (EBR) que permite dirigir las supervisiones hacia los sectores más expuestos a actividades de lavado de activos.
Aun así, el sistema tiene un cuello de botella: la división de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, donde recaen las labores de control y supervisión, está conformada solamente por 12 personas (un jefe, ocho fiscalizadores y tres asistentes), según datos solicitados por Transparencia a la entidad.
La exdirectora de la UAF y expresidenta de Chile Transparente, Tamara Agnic, releva la importancia de la colaboración de los privados en el funcionamiento del sistema antilavado: “Para que un sistema funcione bien tiene que haber mucha colaboración de todos los sectores. Los recursos nunca van a ser suficientes, uno siempre va a decir ‘falta gente’. Pero en general, esas unidades de inteligencia suelen ser bastante pequeñas porque se apoyan en la colaboración que reciben del sector privado”.
En la UAF no solo deben monitorear a partir de supervisiones remotas o en terreno a los más de 8.400 sujetos obligados inscritos en sus registros. También revisar los miles de reportes que de manera mensual, trimestral o semestral –dependiendo del sector económico– estos envían con información sobre operaciones o transacciones de sus clientes. Solo en 2023, por ejemplo, la UAF recibió casi 2,5 millones de reportes de operaciones en efectivo (ROE) y poco más de 12.900 reportes de operaciones sospechosas (ROS). De estos últimos, se identificaron 323 informes con señales de lavado de activos, los que dieron pie para la elaboración de 70 informes de inteligencia financiera derivados al Ministerio Público.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) es un organismo intergubernamental que agrupa a 18 países de la región y que tiene la misión de prevenir y combatir el lavado de activos. Cada cierto tiempo, los países miembros de la red se someten a evaluaciones y son calificados de acuerdo con su nivel de cumplimiento en relación con 40 parámetros o recomendaciones definidas por el organismo.
En septiembre de 2021 Gafilat evacuó un informe dejando a Chile bajo un proceso de seguimiento intensificado y con un largo listado de recomendaciones técnicas y de efectividad en sus protocolos.
En 2010, y previa evaluación del ente intergubernamental, el país había quedado con la misma calificación, aunque logró salir de ese proceso en 2016 luego de ser recalificado tras reportar avances y mejoras.
“El proceso de evaluación, que lleva muchos años ya, se ha puesto cada vez más complejo, más intenso. Lo que en etapas o procesos anteriores de evaluación traía como consecuencia entrar en estos procesos de seguimiento intensificado, es muy distinto a lo que ahora gatilla quedar allí (…) No es que hayamos retrocedido, es decir, no es que salimos de ese proceso porque cumplimos, realizamos determinados avances y ahora dejamos de hacerlos en esta última evaluación. No. Es porque las recomendaciones han cambiado, son más exigentes y la evaluación también es más exigente en ese sentido”, afirma el director de la UAF, Carlos Pavez.
Una de las recomendaciones dice relación precisamente con el personal destinado por la UAF a labores de supervisión. Al momento del informe la división de Fiscalización y Cumplimiento contaba con 11 funcionarios, uno menos que los que actualmente conforman esa división. De acuerdo con el diagnóstico de Gafilat, Chile debiese aumentar la intensidad y la frecuencia de sus fiscalizaciones.
Sobre lo primero, el organismo identificó desafíos en cuanto a la intensidad de las supervisiones de la UAF en sectores financieros como bancos, administradoras de fondos de inversión, corredoras de bolsa y compañías de seguro, entre otras. Es importante señalar en este punto que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) actúa como supervisor prudencial en el sistema de prevención de lavado de activos, de la mano de la UAF.
“Si bien la Comisión para el Mercado Financiero supervisa el componente de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el marco de sus supervisiones, se advierte que esta evaluación no cuenta con la profundidad suficiente y que debiera fortalecerse más la revisión del cumplimiento de las medidas preventivas”, se lee en el informe.
De acuerdo con información de la UAF, entre 2007 y 2022 los bancos fueron el cuarto sector económico más vulnerado por actividades de blanqueo de dinero. Figuran en el 52% de las 146 causas con término judicial por ese delito durante el periodo en cuestión.
Respecto de la frecuencia de las fiscalizaciones, Gafilat determinó que estas debieran aumentar para lograr mayor cobertura principalmente en sectores no financieros de la economía, tales como agentes de Aduana, usuarios de zonas francas, casas de remate, conservadores de bienes raíces, casinos de juego, corredores de propiedades y notarios, entre otros actores. Las notarías son por lejos el sector más vulnerado por lavado de activos, según datos revisados para esta investigación. “La cantidad de personal disponible para realizar las supervisiones in situ impone ciertas limitaciones para cubrir suficientemente la totalidad de los sectores de mayor riesgo”, dice el informe.
En ambos casos –profundidad y frecuencia de las supervisiones–, el organismo sugirió aumentar la dotación de funcionarios destinada a labores de fiscalización para extender su alcance y periodicidad. “El 2022, cuando asumí, éramos 72 personas en la dotación. Hoy somos 83. Es poquito, sigue siendo una unidad pequeña, pero en términos porcentuales en dos años aumentamos un 15% o 16%. Yo creo que todavía nos falta, es un proceso que también debe ser gradual. No se trata de llegar e incorporar personas porque hay que formarlas. En términos de recursos destinados al desarrollo de programas y sistemas también aumentamos cerca de un 20%”, indica Carlos Pavez.
COSCORRONES MÁS QUE SANCIONES
La Ley 19.913 que creó la UAF en 2004 estipula sanciones para aquellos sujetos obligados que incumplan con la normativa. El rango va desde una simple amonestación a las UF 800 –poco más de $30 millones– para las infracciones de carácter “leve” y escala hasta las UF 5.000 como tope –casi $190 millones– para aquellas catalogadas como “graves”.
Fueron UF 800 las que tuvieron que pagar los bancos Santander y de Chile por no informar de manera oportuna los movimientos sospechosos de los funcionarios de Carabineros involucrados en el millonario fraude a la institución.
Otra de las conclusiones contenidas en el informe de Gafilat apunta a que el valor de las multas es muy bajo, principalmente en relación con los sujetos obligados pertenecientes a sectores económicos financieros, tal como los bancos. La recomendación del organismo a la UAF fue “evaluar los criterios de aplicación y proporcionalidad de sus sanciones, buscando tornarlas más disuasivas”.
De acuerdo con la revisión del CIP.UDP, entre 2018 y 2023 la UAF ha cursado 530 sanciones por un total de UF 23.953, poco más de $900 millones. El sector económico con mayor número de sanciones es el de usuarios de zona franca con 132; le siguen empresas de gestión inmobiliaria con 95; corredoras de propiedades con 61; administradoras de fondos de inversión con 46; y casas de cambio con 43. Si se consideran los montos de las multas, el sector bancario es el que concentra el mayor volumen.
Las multas han ido desde las UF 3 hasta las UF 800, sin que se haya superado a la fecha el umbral máximo de las sanciones de carácter leve. Además del Santander y de Chile, en ese periodo han recibido sanciones también por UF 800 los bancos Estado, BCI y Security, todos relacionados al fraude en Carabineros.
Junto a los bancos, figuran varios casinos de juego con multas entre UF 200 y UF 700, por diversas infracciones. Entre ellos Casino Puerta del Norte (Arica), Monticello, Casino de Juegos de Iquique, Latin Gaming Calama y Gran Casino de Copiapó. Entre 2018 y 2023 los casinos han recibido en total 14 sanciones, donde 12 terminaron con multas.
El director de la UAF concuerda en que las multas deberían ser mucho más altas, aunque insiste también en la importancia de mejorar las capacitaciones a los sujetos obligados: “Efectivamente hay que imponer sanciones que sean disuasivas. Si la sanción es muy baja, no tiene ningún efecto. Y por otro lado, se debe reforzar la capacitación, la formación, el entendimiento del problema, de que vean por qué esto es importante”.
La revisión del CIP.UDP de las más de 500 sanciones indica que la infracción más recurrente cometida por sujetos obligados dice relación con problemas asociados al manual de prevención de lavado de activos. En algunos casos se detectó que los documentos estaban obsoletos, incompletos o bien que eran de acceso restringido. A esa infracción le siguen en frecuencia la falta de capacitación a empleados; la no revisión de clientes en listados de resoluciones de Naciones Unidas; el no contar con mecanismos para identificar personas políticamente expuestas (PEP); y no enviar el Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE) en los periodos indicados.
Desde mayo de 2023 se encuentra bajo trámite en el Congreso el proyecto que crea un Subsistema de Inteligencia Económica. A la fecha, el Ejecutivo le ha dado urgencia en casi 50 oportunidades y aún está en primer trámite constitucional en el Senado. Varias de las indicaciones allí contenidas apuntan a robustecer el sistema antilavado y dotar de mayores facultades a la UAF –aumentando, por ejemplo, el peso de las multas que puede cursar– y a los supervisores prudenciales como la Comisión para el Mercado Financiero, incrementando sus facultades intrusivas y sancionatorias.
–¿Cómo te fue con las baldosas?
Fue la última pregunta que le hizo el jefe narco a su brazo operativo a cargo de distribuir los ladrillos de cocaína en comunas del sur de la Región Metropolitana. Para entonces sus teléfonos ya estaban pinchados por la Policía de Investigaciones (PDI).
Fue también el último de varios viajes que hizo la organización criminal entre el extremo norte del país y Santiago, ocultando en sus camionetas entre 50 y 100 kilos de cocaína por vez. La compraban a proveedores bolivianos a poco más de $3 millones el kilo.
Las ganancias eran jugosas. Para blanquear el dinero utilizaron de manera reiterada una casa de cambios de la calle 21 de mayo, en pleno centro de la ciudad de Arica, llamada "Cambios Moreno". Allí convertían pesos a dólares, una y otra vez, y con parte de ese dinero le pagaban a sus surtidores internacionales.
Este negocio ilícito pudo haber sido desmontado mucho antes por la policía. Si no ocurrió, fue porque la casa de cambios incumplió con su obligación de levantar las alertas ante el organismo que debe prevenir el lavado de activos en nuestro país: la Unidad de Análisis Financiero (UAF), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.
“Cambios Moreno” no estaba enrolada en el registro de sujetos obligados de la UAF, mecanismo que mandata a quienes participan de actividades financieras y económicas sensibles –bancos, casas de cambio, automotoras, corredoras de propiedades y de bolsa, casinos de juegos, notarías, entre muchos otros– a reportar periódicamente al organismo sobre operaciones sospechosas de sus clientes.
“Toda esta situación conlleva a que este sujeto le otorgue impunidad a este grupo delictivo”, se lee en la sentencia que en 2021 condenó a pena remitida al dueño del negocio de divisas.
Los sujetos obligados representan, en simple, potenciales puntos de blanqueo del dinero sucio del crimen organizado, del que se obtiene por actos de corrupción pública o por delitos de cuello y corbata. Por eso la ley obliga a que se inscriban en el registro de la UAF. A la fecha, este registro cuenta con más de 8.400 enrolados provenientes de 48 sectores económicos del mundo privado.
Actualmente existen 307 casas de cambio inscritas en los listados de la Unidad de Análisis Financiero. El CIP.UDP, sin embargo, detectó que a la fecha hay al menos seis en la Región Metropolitana en funcionamiento, con giro vigente en el Servicio de Impuestos Internos, y que no figuran en el listado de la UAF, pese a que según datos del propio organismo es uno de los 10 sectores más vulnerados por la actividad de lavado.
Con base en información de la UAF y del Poder Judicial, el CIP.UDP revisó 157 causas con sentencia por lavado de activos tramitadas en tribunales entre 2007 y el primer semestre de 2024. En 18 procesos aparece involucrada una casa de cambio como parte de un engranaje de blanqueo de dinero.
Los sectores inmobiliario y automotriz están entre los cinco más utilizados por la actividad criminal para lavar capitales. Acá también encontramos puntos invisibles. La Asociación Gremial de Corredores de Propiedades (Coproch) cuenta con 237 miembros. Al menos hasta fines de noviembre de este año, 50 corredores (21%) no figuran en el registro de sujetos obligados de la UAF. De los no inscritos, todos ofrecen actualmente propiedades a lo largo del país. Una revisión de Portal Inmobiliario –sitio de referencia para la compraventa de bienes inmuebles– arroja que hay más de 57 sociedades de gestión inmobiliaria no registradas en esa nómina, es decir, totalmente fuera del radar de la UAF. Todas tienen propiedades en venta o arriendo.
Entre 2023 y junio de 2024, la justicia dictó sentencia en 99 casos por lavado de activos. En seis de esas causas el CIP.UDP identificó siete empresas del sector inmobiliario. Cuatro no están registradas en la nómina de la UAF.
Las automotoras recién fueron obligadas a inscribirse en el registro en 2023. A la fecha, hay más de 150 listadas. Tras una revisión de mapas en línea, trabajo en terreno y bases de datos –entre ellas la de la Cámara de Comercio Automotriz (CAVEM)– identificamos 24 automotoras en la Región Metropolitana ausentes de la nómina y otras 5 en la Región de Valparaíso.
Esta investigación detectó que el subregistro de sujetos obligados que debieran informarle a la UAF sobre movimientos sospechosos de sus clientes se extiende a otras actividades y sectores económicos. El CIP.UDP identificó 5 casas de remate, 7 negocios de remesas de dinero y algunos usuarios de zonas francas en esa situación.
Hay dos zonas francas en Chile: en Iquique y Punta Arenas. En esos territorios rige la presunción de extraterritorialidad y tienen, por tanto, un régimen aduanero especial. Son áreas de riesgo frente al lavado de activos dado que por lo general allí se privilegia el uso de dinero en efectivo como medio de pago.
Los usuarios de zonas francas representan el 31,2% de todos los sujetos obligados inscritos en la UAF hasta junio de 2024, es decir, el sector cuenta con 2.625 personas jurídicas o naturales registradas. El Servicio Nacional de Aduanas también tiene una lista con miles de usuarios de zona franca. El CIP.UDP seleccionó una muestra aleatoria de 10 personas jurídicas presentes en esa última nómina, chequeó sus nombres legales y de fantasía en el Diario Oficial y su vigencia de actividades en el Servicio de Impuestos Internos. Con dicha información en mano, se pudo detectar que al menos seis usuarios no están registrados ante la UAF.
El director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, reconoce que existen empresas o sociedades que no se han registrado ante la entidad y que operan en sectores económicos obligados por ley a informar sobre movimientos financieros. Hace hincapié en que esta problemática se da en rubros menos regulados donde no se requiere –a diferencia de bancos, casinos, AFP, corredoras de bolsa, administradoras de fondos de inversión y otros– licencia para operar. “Desde la última actualización grande hemos incorporado entre 100 y 170 sujetos obligados nuevos. ¿Nos faltan hartos? Sí. Pero si me preguntas si los más relevantes están incluidos te digo que sí. Los más grandes, los más relevantes, los que tienen más operaciones están”.
Sobre la enorme cantidad de usuarios de zona franca no inscritos, Pavez indicó que en parte eso debe a que el sector es muy cambiante, con actores que entran y salen de ese mercado constantemente: “Hay mucha movilidad, es un mercado variable donde se van creando y terminando usuarios".
PUNTOS CIEGOS
Que un sujeto obligado esté inscrito en la UAF no es en todo caso una garantía a prueba de balas. Entre 2014 y 2015, en el contexto del millonario fraude en Carabineros o “Pacogate”, bancos como el Santander o de Chile no cumplieron con su obligación de informar oportunamente a la UAF sobre reiterados movimientos sospechosos de dinero –por totales de entre $300 millones y $500 millones– realizados por funcionarios de esa institución y que claramente no calzaban con su perfil patrimonial. El escándalo recién explotó en 2017.
Hay veces en que el sistema falla porque no se levantan las alertas a tiempo. Otras porque, tal como pudo comprobar esta investigación, hay decenas de sujetos obligados que funcionan al margen del sistema antilavado.
En sectores donde tienden a prevalecer ciertos niveles de informalidad, las reglas no siempre se cumplen, no al menos a rajatabla.
La ley instruye que todos los sujetos obligados inscritos en la UAF envíen reportes de operaciones en efectivo (ROE) por sobre los 10 mil dólares y de operaciones sospechosas (ROS). La periodicidad de los reportes varía dependiendo del sector del que provenga cada sujeto obligado. La ley también impone el deber de que cada uno de los sujetos inscritos en los registros de la UAF cuenten con un oficial de cumplimiento, es decir, una persona encargada de enviar esos reportes de manera oportuna, de implementar un sistema preventivo antilavado que quede plasmado en un manual y de facilitar capacitaciones a los empleados. Por ese motivo, la UAF hace hincapié en la importancia de que ese rol esté en manos de alguien que tenga un cargo de alta responsabilidad al interior de la organización.
Una persona que trabaja en casas de cambio desde hace 20 años –y que solicitó resguardar su identidad–, dice que en muchas de ellas reina la informalidad absoluta. Asegura que fue oficial de cumplimiento de cuatro casas de cambio de manera simultánea –lo que contraviene la norma– y que es usual que para cumplir con la normativa se haga lo justo.
“Eligen a cualquier persona como oficial de cumplimiento y en algunos negocios se repite el mismo. El oficial de cumplimiento es solo un nombre. Nunca hice capacitaciones a otros empleados, nadie pesca eso", indica.
Agrega que no es raro que se dejen de informar operaciones sospechosas a la UAF para no perder el negocio con algunos clientes. “Si en una operación hay una factura de por medio, la tengo que reportar a la UAF. Si por el monto del cambio hay que emitir una y la persona no quiere, se hace de otra forma. Disfrazo la operación con varias boletas. Nunca se deja ir el negocio porque pierdes plata. Si el cliente llega con un millón de dólares y no quiere papeleo, no hay papeleo. El oficial de cumplimiento ahí mira para el techo”, confiesa.
La circular N°18 de la UAF de mayo de 2007 obliga a que en toda operación por sobre los 5.000 dólares las casas de cambio registren el nombre completo, el sexo, la nacionalidad, el RUT, la profesión y el domicilio del cliente. Junto a ello, se le debe exigir una declaración suscrita o firmada en la que dé cuenta del origen y el destino de los fondos involucrados en la operación. Si el cliente se niega a esto último, la norma indica que la transacción se puede realizar igual, aunque inmediatamente se debe reportar a la UAF como operación sospechosa.
“Si no tienes la procedencia de los fondos en una operación por sobre 5.000 dólares, se inventa para evitar una eventual multa. Si un cliente viene de la calle y te pide el cambio, se simula un origen”, añade.
Entre 2019 y junio de 2024, la UAF ha realizado 80 fiscalizaciones –remotas y presenciales– a empresas del rubro, a razón de 13 por año en promedio. Es el quinto sector económico con mayor número de supervisiones, las que han derivado en que se inicien 58 procesos sancionatorios durante ese periodo.
La revisión del CIP.UDP de la documentación de todas esas sanciones indica que la falta que más se repite es la ausencia o manejo de versiones desactualizadas de un manual antilavado. “El manual antilavado nadie lo lee. Solo está para cuando fiscaliza la UAF”, dice el trabajador de casas de cambio.
“UN GATITO QUE SE CREE LEÓN”
Durante 2023 la UAF ejecutó 159 supervisiones en un universo de 8.257 sujetos obligados registrados a esa fecha. Es decir, menos del 2% de los inscritos en sus registros fue objeto de una fiscalización.
La misma fuente vinculada a las casas de cambio retrata al organismo como un “gatito que se cree león”. Así lo explica:
“Nunca llegan de golpe a fiscalizar, siempre avisan. Pero el tema es que no van nunca. En la casa de cambio en la que estoy ahora llevo 4 años y han ido solo una vez. En otras han ido una vez en 5 años. Si la UAF de verdad fuera a fiscalizar, las casas de cambio estarían todas cerradas. Son lugares donde se cometen muchas faltas, es un lugar de muchos trucos y todos los manejan”.
La cifra de fiscalizaciones es baja y se repite hacia atrás. Desde 2019 el promedio de supervisiones anuales al universo completo de inscritos se mueve en un rango similar. Ante la enorme cantidad de sujetos obligados listados en sus registros, el sistema de fiscalización de la UAF se basa en un Enfoque Basado en Riesgo (EBR) que permite dirigir las supervisiones hacia los sectores más expuestos a actividades de lavado de activos.
Aun así, el sistema tiene un cuello de botella: la división de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, donde recaen las labores de control y supervisión, está conformada solamente por 12 personas (un jefe, ocho fiscalizadores y tres asistentes), según datos solicitados por Transparencia a la entidad.
La exdirectora de la UAF y expresidenta de Chile Transparente, Tamara Agnic, releva la importancia de la colaboración de los privados en el funcionamiento del sistema antilavado: “Para que un sistema funcione bien tiene que haber mucha colaboración de todos los sectores. Los recursos nunca van a ser suficientes, uno siempre va a decir ‘falta gente’. Pero en general, esas unidades de inteligencia suelen ser bastante pequeñas porque se apoyan en la colaboración que reciben del sector privado”.
En la UAF no solo deben monitorear a partir de supervisiones remotas o en terreno a los más de 8.400 sujetos obligados inscritos en sus registros. También revisar los miles de reportes que de manera mensual, trimestral o semestral –dependiendo del sector económico– estos envían con información sobre operaciones o transacciones de sus clientes. Solo en 2023, por ejemplo, la UAF recibió casi 2,5 millones de reportes de operaciones en efectivo (ROE) y poco más de 12.900 reportes de operaciones sospechosas (ROS). De estos últimos, se identificaron 323 informes con señales de lavado de activos, los que dieron pie para la elaboración de 70 informes de inteligencia financiera derivados al Ministerio Público.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) es un organismo intergubernamental que agrupa a 18 países de la región y que tiene la misión de prevenir y combatir el lavado de activos. Cada cierto tiempo, los países miembros de la red se someten a evaluaciones y son calificados de acuerdo con su nivel de cumplimiento en relación con 40 parámetros o recomendaciones definidas por el organismo.
En septiembre de 2021 Gafilat evacuó un informe dejando a Chile bajo un proceso de seguimiento intensificado y con un largo listado de recomendaciones técnicas y de efectividad en sus protocolos.
En 2010, y previa evaluación del ente intergubernamental, el país había quedado con la misma calificación, aunque logró salir de ese proceso en 2016 luego de ser recalificado tras reportar avances y mejoras.
“El proceso de evaluación, que lleva muchos años ya, se ha puesto cada vez más complejo, más intenso. Lo que en etapas o procesos anteriores de evaluación traía como consecuencia entrar en estos procesos de seguimiento intensificado, es muy distinto a lo que ahora gatilla quedar allí (…) No es que hayamos retrocedido, es decir, no es que salimos de ese proceso porque cumplimos, realizamos determinados avances y ahora dejamos de hacerlos en esta última evaluación. No. Es porque las recomendaciones han cambiado, son más exigentes y la evaluación también es más exigente en ese sentido”, afirma el director de la UAF, Carlos Pavez.
Una de las recomendaciones dice relación precisamente con el personal destinado por la UAF a labores de supervisión. Al momento del informe la división de Fiscalización y Cumplimiento contaba con 11 funcionarios, uno menos que los que actualmente conforman esa división. De acuerdo con el diagnóstico de Gafilat, Chile debiese aumentar la intensidad y la frecuencia de sus fiscalizaciones.
Sobre lo primero, el organismo identificó desafíos en cuanto a la intensidad de las supervisiones de la UAF en sectores financieros como bancos, administradoras de fondos de inversión, corredoras de bolsa y compañías de seguro, entre otras. Es importante señalar en este punto que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) actúa como supervisor prudencial en el sistema de prevención de lavado de activos, de la mano de la UAF.
“Si bien la Comisión para el Mercado Financiero supervisa el componente de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el marco de sus supervisiones, se advierte que esta evaluación no cuenta con la profundidad suficiente y que debiera fortalecerse más la revisión del cumplimiento de las medidas preventivas”, se lee en el informe.
De acuerdo con información de la UAF, entre 2007 y 2022 los bancos fueron el cuarto sector económico más vulnerado por actividades de blanqueo de dinero. Figuran en el 52% de las 146 causas con término judicial por ese delito durante el periodo en cuestión.
Respecto de la frecuencia de las fiscalizaciones, Gafilat determinó que estas debieran aumentar para lograr mayor cobertura principalmente en sectores no financieros de la economía, tales como agentes de Aduana, usuarios de zonas francas, casas de remate, conservadores de bienes raíces, casinos de juego, corredores de propiedades y notarios, entre otros actores. Las notarías son por lejos el sector más vulnerado por lavado de activos, según datos revisados para esta investigación. “La cantidad de personal disponible para realizar las supervisiones in situ impone ciertas limitaciones para cubrir suficientemente la totalidad de los sectores de mayor riesgo”, dice el informe.
En ambos casos –profundidad y frecuencia de las supervisiones–, el organismo sugirió aumentar la dotación de funcionarios destinada a labores de fiscalización para extender su alcance y periodicidad. “El 2022, cuando asumí, éramos 72 personas en la dotación. Hoy somos 83. Es poquito, sigue siendo una unidad pequeña, pero en términos porcentuales en dos años aumentamos un 15% o 16%. Yo creo que todavía nos falta, es un proceso que también debe ser gradual. No se trata de llegar e incorporar personas porque hay que formarlas. En términos de recursos destinados al desarrollo de programas y sistemas también aumentamos cerca de un 20%”, indica Carlos Pavez.
COSCORRONES MÁS QUE SANCIONES
La Ley 19.913 que creó la UAF en 2004 estipula sanciones para aquellos sujetos obligados que incumplan con la normativa. El rango va desde una simple amonestación a las UF 800 –poco más de $30 millones– para las infracciones de carácter “leve” y escala hasta las UF 5.000 como tope –casi $190 millones– para aquellas catalogadas como “graves”.
Fueron UF 800 las que tuvieron que pagar los bancos Santander y de Chile por no informar de manera oportuna los movimientos sospechosos de los funcionarios de Carabineros involucrados en el millonario fraude a la institución.
Otra de las conclusiones contenidas en el informe de Gafilat apunta a que el valor de las multas es muy bajo, principalmente en relación con los sujetos obligados pertenecientes a sectores económicos financieros, tal como los bancos. La recomendación del organismo a la UAF fue “evaluar los criterios de aplicación y proporcionalidad de sus sanciones, buscando tornarlas más disuasivas”.
De acuerdo con la revisión del CIP.UDP, entre 2018 y 2023 la UAF ha cursado 530 sanciones por un total de UF 23.953, poco más de $900 millones. El sector económico con mayor número de sanciones es el de usuarios de zona franca con 132; le siguen empresas de gestión inmobiliaria con 95; corredoras de propiedades con 61; administradoras de fondos de inversión con 46; y casas de cambio con 43. Si se consideran los montos de las multas, el sector bancario es el que concentra el mayor volumen.
Las multas han ido desde las UF 3 hasta las UF 800, sin que se haya superado a la fecha el umbral máximo de las sanciones de carácter leve. Además del Santander y de Chile, en ese periodo han recibido sanciones también por UF 800 los bancos Estado, BCI y Security, todos relacionados al fraude en Carabineros.
Junto a los bancos, figuran varios casinos de juego con multas entre UF 200 y UF 700, por diversas infracciones. Entre ellos Casino Puerta del Norte (Arica), Monticello, Casino de Juegos de Iquique, Latin Gaming Calama y Gran Casino de Copiapó. Entre 2018 y 2023 los casinos han recibido en total 14 sanciones, donde 12 terminaron con multas.
El director de la UAF concuerda en que las multas deberían ser mucho más altas, aunque insiste también en la importancia de mejorar las capacitaciones a los sujetos obligados: “Efectivamente hay que imponer sanciones que sean disuasivas. Si la sanción es muy baja, no tiene ningún efecto. Y por otro lado, se debe reforzar la capacitación, la formación, el entendimiento del problema, de que vean por qué esto es importante”.
La revisión del CIP.UDP de las más de 500 sanciones indica que la infracción más recurrente cometida por sujetos obligados dice relación con problemas asociados al manual de prevención de lavado de activos. En algunos casos se detectó que los documentos estaban obsoletos, incompletos o bien que eran de acceso restringido. A esa infracción le siguen en frecuencia la falta de capacitación a empleados; la no revisión de clientes en listados de resoluciones de Naciones Unidas; el no contar con mecanismos para identificar personas políticamente expuestas (PEP); y no enviar el Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE) en los periodos indicados.
Desde mayo de 2023 se encuentra bajo trámite en el Congreso el proyecto que crea un Subsistema de Inteligencia Económica. A la fecha, el Ejecutivo le ha dado urgencia en casi 50 oportunidades y aún está en primer trámite constitucional en el Senado. Varias de las indicaciones allí contenidas apuntan a robustecer el sistema antilavado y dotar de mayores facultades a la UAF –aumentando, por ejemplo, el peso de las multas que puede cursar– y a los supervisores prudenciales como la Comisión para el Mercado Financiero, incrementando sus facultades intrusivas y sancionatorias.
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